La Fiscalía Anticorrupción ha formalizado su escrito de acusación en una de las tramas de espionaje corporativo más relevantes de la historia financiera reciente. La fiscal Elisa Lamela solicita una pena de 173 años de prisión para Francisco González, expresidente del BBVA, al considerarlo responsable de una red de obtención de información confidencial de forma irregular.
La acusación sostiene que, bajo el mandato de González, el banco contrató los servicios de Cenyt, la empresa vinculada al excomisario José Manuel Villarejo. El objetivo de estas contrataciones habría sido el espionaje sistemático a:
- Miembros destacados de la clase política.
- Figuras del sector empresarial.
- Profesionales del periodismo.
Al expresidente se le imputa un delito continuado de cohecho activo y un total de 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Penas récord para los operativos
El escrito del Ministerio Público no se limita a la cúpula presidencial y reclama las sanciones más severas para quienes gestionaron directamente la operativa:
- Julio Corrochano: El exjefe de Seguridad del BBVA afronta la petición más alta, con 243 años de cárcel.
- José Manuel Villarejo: La Fiscalía solicita para el excomisario una pena de 216 años de prisión.
Responsabilidad penal del banco
La investigación también señala al BBVA como persona jurídica. En este sentido, Anticorrupción ha solicitado que la entidad financiera afronte multas millonarias por los delitos cometidos bajo su estructura organizativa. El importe total de las sanciones propuestas asciende a 184,3 millones de euros.
El caso entra ahora en una fase determinante tras confirmarse que la entidad recurrió presuntamente a métodos ilícitos para obtener datos confidenciales de terceros, lo que constituye, según la fiscal, una trama de revelación de secretos a gran escala.
