El Gobierno de España ha dado luz verde este viernes a un ambicioso paquete económico de 5.000 millones de euros diseñado para amortiguar el impacto de la guerra en Irán. El plan, que consta de 80 medidas, busca blindar el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas mediante una drástica reducción de la presión fiscal sobre la energía y los carburantes.
Tensión en la coalición por la vivienda
La aprobación del decreto no ha estado exenta de dramatismo. El Consejo de Ministros, previsto para las 9:30 horas, se retrasó dos horas debido a las profundas discrepancias entre los socios de coalición. El punto de fricción se centró en la congelación de los alquileres, una exigencia de Sumar que el PSOE rechazaba inicialmente.
Finalmente, una negociación directa entre el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, desbloqueó la situación dividiendo el paquete en dos decretos: uno de medidas fiscales de aplicación inmediata y otro específico sobre vivienda que se tramitará en las próximas semanas, pese a la incertidumbre sobre su apoyo parlamentario en el Congreso.
Choque fiscal contra la inflación energética
El grueso del plan se centra en el alivio del bolsillo del consumidor. Entre las medidas más destacadas que entrarán en vigor este sábado tras su publicación en el BOE, se encuentran:
- Electricidad: El IVA cae del 21% al 10%, mientras que el impuesto especial de la electricidad se reduce al 0,5%.
- Carburantes: Rebaja del IVA al 10% en gasolina y diésel, lo que supondrá un ahorro de hasta 30 céntimos por litro.
- Gas y calefacción: Se reduce al 10% el IVA del gas natural, pellets y leña, además de congelarse el precio del butano.
- Transporte y sector primario: Ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible para transportistas, agricultores y pescadores.
Refuerzo del escudo social
El decreto también incluye una vertiente de protección laboral y social. El Gobierno prohibirá el despido por causas económicas a las empresas que reciban ayudas públicas y garantizará el suministro de luz, agua y gas a los colectivos vulnerables, prohibiendo los cortes por impago. Asimismo, se prorroga el bono social eléctrico hasta finales de 2026.
Sánchez ha defendido la contundencia de estas medidas afirmando que, aunque no impedirán los efectos de una «guerra ilegal», sí los harán «más llevaderos». El plan se someterá a convalidación en el Congreso el próximo 26 de marzo, donde el Ejecutivo deberá sudar cada voto, especialmente ante las reticencias ya mostradas por el PP y Junts en materia de vivienda.
