Nueva complicación judicial para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su antiguo asesor, Koldo García. El Tribunal Supremo ha iniciado los trámites para el embargo de sus bienes después de que ambos hayan ignorado el plazo legal para abonar las fianzas impuestas por las posibles responsabilidades civiles derivadas del proceso.
Según las diligencias a las que ha tenido acceso RTVE, el tribunal subraya que el tiempo concedido para el pago ha transcurrido «en exceso» sin que se haya consignado cantidad alguna. Por ello, la justicia ha instado a realizar una investigación patrimonial exhaustiva a través del Punto Neutro Judicial para localizar activos que cubran los 60.000 euros exigidos a cada uno.
Esta medida llega en un momento crítico, con el inicio del juicio fijado para el próximo 7 de abril. Aunque los investigados disponen de tres días para interponer un recurso de reposición, el movimiento del Supremo acelera el proceso de aseguramiento de fondos ante una eventual condena.
Armengol y Torres declararán por escrito
En paralelo a los embargos, la Fiscalía Anticorrupción ha movido ficha respecto a las testificales de alto nivel previstas en la causa. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, se ha mostrado a favor de que la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, presten declaración por escrito.
La Fiscalía accede así a la petición de ambos dirigentes, amparándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Dado que los hechos investigados ocurrieron mientras desempeñaban sus cargos como presidentes de Baleares y Canarias, respectivamente, la ley les permite evitar el interrogatorio presencial en sala y responder al cuestionario desde sus despachos oficiales.
El juicio sentará en el banquillo no solo a Ábalos y García, sino también al empresario Víctor de Aldama, señalado como el presunto conseguidor de una trama que lucró con contratos de emergencia durante los peores meses de la pandemia.
