El Juzgado de Instrucción de Salamanca ha acordado el sobreseimiento libre y archivo definitivo de la causa abierta contra el alcalde de Villamayor, Ángel Luis Peralvo Sanchón, tras la denuncia interpuesta por los cuatro concejales del Partido Socialista y el concejal de VOX.
La resolución judicial, de fecha 13 de febrero de 2026, concluye de forma clara que los hechos denunciados no constituyen infracción penal alguna, descartando los supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
El propio Ministerio Fiscal solicitó el archivo de las actuaciones al no apreciar perjuicio para las arcas públicas, ni apropiación de fondos, ni falsedad documental, quedando acreditado que las actuaciones cuestionadas se corresponden con obras ejecutadas y material efectivamente instalado, siendo el auto, especialmente contundente, al señalar que lo denunciado no reviste una ilegalidad “evidente, patente, flagrante y clamorosa”.
Este pronunciamiento confirma, de manera rotunda, lo que el alcalde defendió desde el primer momento: la inexistencia de delito alguno y la absoluta corrección de su actuación. El resultado ha sido el que ahora confirma el juzgado: no había delito.
Más allá del resultado judicial, que confirma lo que el alcalde sostuvo desde el primer momento, Ángel Luis Peralvo, considera imprescindible poner el foco en la actuación de los concejales del Partido Socialista y del concejal de VOX que promovieron la denuncia.
Los hechos denunciados hacían referencia a actuaciones municipales que, como ha quedado acreditado, estaban ejecutadas. Durante meses —más de siete desde que se produjeron— los concejales denunciantes han tenido la oportunidad de comprobar la realidad de dichas actuaciones, bien mediante el acceso a la información municipal, bien mediante la simple constatación directa, ya que alguno de ellos es usuario de las instalaciones en las que se llevaron a cabo las inversiones de mejora que fueron denunciadas, sin embargo, optaron por acudir a la vía penal con acusaciones de extrema gravedad. Para Ángel Peralvo, “no sólo interpusieron la denuncia, a sabiendas de que esta carecía de base real y jurídica, si no que, además, cuando tuvieron la oportunidad de personarse en una de las fases del procedimiento judicial, y tan convencidos estaban de que se había cometido un delito penal, no lo hicieron. ¿ por qué?, pues no lo sé, pero me lo imagino, y ellos son los que tendrán que dar la respuesta a los vecinos”.
Según el equipo de gobierno municipal, «esto plantea una cuestión que los vecinos de Villamayor tienen derecho a preguntarse, ¿Cómo es posible que quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar la acción de gobierno no verificaran previamente los hechos antes de presentar una denuncia penal?».
«La función de la oposición es controlar y exigir el cumplimiento de la legalidad, pero también lo es actuar con responsabilidad institucional. Cuando se recurre al ámbito penal sin que los hechos tengan relevancia delictiva, el resultado no es otro que el deterioro de la vida pública y el daño personal del alcalde; añade.
El equipo de gobierno entiende que esta actuación ha supuesto «un grave perjuicio personal e institucional, afectando a la figura del alcalde y proyectando una imagen injustificada sobre el Ayuntamiento».
«De igual forma, resulta especialmente significativo resulta que sólo un concejal de los partidos de la oposición, decidiera no participar en dicha iniciativa, lo que evidencia que existían posiciones distintas entre los diferentes partidos que tienen que hacer esa labor de control y fiscalización a la acción del equipo de gobierno. Sólo los representantes del PSOE y VOX han actuado de forma coincidente en esta iniciativa, articulando una actuación conjunta basada en acusaciones de extraordinaria gravedad que han resultado carecer de fundamento penal», explica.
Además, recuerda que las actuaciones municipales cuestionadas tenían como finalidad mejorar las condiciones del municipio, incluyendo actuaciones vinculadas a la seguridad y al bienestar de los vecinos, como es el caso del entorno del Salinar.
El archivo de la causa cierra el recorrido judicial, pero, “deja abierta una reflexión, y es la responsabilidad política y ética con la que deben actuar quienes ostentan representación pública. La función de un concejal no es únicamente fiscalizar, sino hacerlo con rigor, con responsabilidad y con respeto a la verdad de los hechos. Cuando se recurre a la jurisdicción penal sin haber agotado mínimamente esa labor de comprobación, lo que se pone en cuestión es el propio ejercicio responsable del cargo público. El perjuicio personal, político y reputacional causado es evidente e irreversible”, como señala el Peralvo
Según palabras del alcalde “en un municipio como Villamayor, donde la cercanía entre vecinos es una realidad, este tipo de actuaciones no deben pasar desapercibidas. Los ciudadanos tienen derecho a preguntarse cómo es posible que se haya llevado una cuestión al ámbito penal sin una mínima constatación previa de los hechos, buscando simplemente el desgaste y daño personal de los responsables políticos…”
Desde la institución municipal se considera que la interposición de esta denuncia, más de siete meses después de los hechos, y a sabiendas de que las actuaciones estaban totalmente ejecutadas, «ha generado un grave perjuicio personal e institucional absolutamente injustificado, proyectando sobre el alcalde, el equipo de gobierno, y sobre el municipio, un daño y una sombra de sospecha que, aunque hoy queda plenamente despejada por la justicia, a nivel personal y mediático no se puede resarcir».
Ángel Luis Peralvo, “lamenta profundamente el uso de la vía penal como herramienta de desgaste político, especialmente cuando el propio auto judicial constata que no existía base para la imputación de delito alguno. El archivo de la causa cierra el procedimiento judicial, pero deja una conclusión evidente en el plano político: la necesidad de ejercer la representación pública y deber de control, pero con responsabilidad, rigor y lealtad institucional”.
El equipo de gobierno reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y el servicio público y , a la vista de los hechos, deja en manos de los vecinos que juzguen la responsabilidad política de quienes han promovido esta situación.
