En diciembre de 1984, el Ayuntamiento dio otro paso decisivo en la política de consumo, puso en marcha la Oficina de Información del Consumidor en el pasaje de Pozo Amarillo. Centrada fundamentalmente en la alimentación, fue una propuesta de la concejalía de Mercados aceptada por el Ayuntamiento de Salamanca por consenso. La Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla y León concedió una subvención de más de dos millones de pesetas para la puesta en funcionamiento de la Oficina de Consumo, que supuso un desembolso total de once millones cuatrocientas mil pesetas.
Desde la OMIC se creó y se gestionó un fondo documental. Sus funcionarios se convirtieron en formadores de consumidores y comerciantes. La Oficina de Información al Consumidor hizo de mediador entre comerciantes y consumidores, y asesoraba a los posibles denunciantes.
Registraba y recibía las reclamaciones, publicaba las denuncias y mediaba para favorecer acuerdos. Para su mantenimiento recibimos subvenciones de la Subsecretaría de Consumo, la consejería de Bienestar Social y la FEMP. En la Oficina de Consumo se recibían denuncias, se inspeccionaban los posibles infractores, se publicaba una revista mensual y se realizaban cuatro campañas anuales de orientación e información sobre temas variados: conservas, helados, piscinas, juguetes y un largo etcétera.
La Oficina, la primera puesta en marcha en Castilla y León, elaboró una encuesta sobre consumo a la que contestaron miles de salmantinos. A través de las respuestas pudimos saber el estado de la cuestión en la ciudad de Salamanca.
Colaboraron desde el principio la Cámara de Comercio e Industria de Salamanca, la Jefatura de Comercio Interior, la Dirección Provincial de la Salud, las cooperativas de consumo y el Instituto Nacional de Consumo.
Los resultados de la encuesta fueron sobrecogedores, más de la mitad de los salmantinos, el 53%, no conocían sus derechos, y el 41% solo parcialmente.
