El 43 por ciento del profesorado de la educación pública de Castilla y León ha sufrido alguna agresión o trato vejatorio en el último curso, según la encuesta de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y el informe ‘¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente’.
Según informa la central sindical en un comunicado recogido por Ical, el total de esas agresiones van desde el acoso en redes (3,7 por ciento) e incluso físicas (11,4 por ciento), hasta las mucho más comunes de faltas de respeto por parte del alumnado (30,1 por ciento) o la agresión verbal (53 por ciento). Esto desemboca en que el 66,4 por ciento el profesorado de la Comunidad no se sienta reconocido social y profesionalmente, mientras que no llegan al 19 por ciento los docentes que perciben el apoyo de las familias.
La encuesta, que se ha realizado mediante cuestionarios en centros públicos de Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, centros de Régimen Especial (conservatorios, escuelas de arte, de idiomas) y centros de Educación Especial, pone de manifiesto en Castilla y León que el 47,3 por ciento del profesorado no siente el respaldo de la Administración en estas situaciones de agresiones.
Asimismo, una inmensa mayoría (el 97,1 por ciento) considera que los protocolos son “inútiles” o “totalmente insuficientes”, lo que genera según CSIF “inseguridad” y sensación de desprotección por el cada vez menor reconocimiento a su autoridad. Precisamente, el profesorado de esta Comunidad, señaló, ha sido el segundo con mayor participación (más del 12 por ciento) en esta encuesta nacional que obtuvo más de 7.500 respuestas.
En la encuesta, según el sindicato, el profesorado reivindica el refuerzo de la autoridad, la reducción de ratios, el incremento de plantillas en atención a la diversidad, la homologación salarial con otras comunidades, así como la reducción de la burocracia y del horario lectivo. Además, el rechazo a la “burocracia excesiva” es casi unánime, con un 98 por ciento de los docentes, que consideran que la carga burocrática es “desproporcionada” y perjudica el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.
Finalmente, CSIF denunció un escenario que a su juicio no puede normalizarse, ya que argumentó que el “deterioro” de las condiciones laborales y la “pérdida” de reconocimiento social, afecta a la motivación del profesorado a la calidad de la educación pública. “Es necesario que las administraciones atiendan las reivindicaciones del profesorado prestigiando y apoyando la labor docente”, concluyó.
