Dos de los testigos que declararon este martes en la Audiencia Provincia del Valladolid en el juicio del denominado ‘caso ataúdes’, confirmaron que en las fotos mostradas por los agentes de la Policía Nacional durante la investigación y que fueron tomadas por el extrabajador de la funeraria Justo Martín, se pueden ver los cuerpos de sus seres queridos sobre unos palés de madera.
Ical.- Uno de los testimonio más conmovedores fue el de Sergio, que noviembre de 2012 incineró a su hijo, un bebé de tan solo ocho meses. En su declaración, confirmó que en las imágenes que le mostraron los agentes en comisaría pudo ver el cuerpo de su pequeño tirado sobre “troncos”. Además, a preguntas del Ministerio Fiscal, aseguró que le da igual cualquier indemnización a la que tenga derecho por ser víctima de una estafa o por daños morales: “Es algo indigno y patético ver cómo trataron a mi hijo, a tu ser más querido. No puedo llegar a entender. Estamos ante personas inhumanas”, sentenció.
De forma similar se pronunció Mercedes, que en diciembre de 2009 incineró a su hermano, y que también fue llamada por el CNP para visionar las fotografías tomadas por Justo Martín, la persona que destapó el fraude y que fue denunciada por los responsables de la funeraria por extorsión. “Fue horrible. El cuerpo de mi hermano estaba desnudo encima de una palé. Es una barbaridad y nadie tiene derecho a tratar así a los muertos. Solo queremos justifica”, afirmó. Además, en su declaración reconoció que el propio Ignacio Morchón -padre-, con el que mantenía una cierta relación de vecindad, asistió al velatorio de su hermano.
Otro de los testimonios que ratifica el ‘cambiazo’ de ataúdes fue el de Javier Gregorio, que en junio de 2013 incineró a su padre. En su declaración, confirmó que en las fotografías mostradas por la Policía el cuerpo de su padre aparecía en un simple féretro de “pino normal” y sin acolchar, totalmente diferente al que habían contratado y se pudo ver en el velatorio. En este sentido, el Fiscal recordó que la familia, según la factura aportada, llegó a pagar casi 5.000 euros, por el ataúd.
También emotivo fue la declaración de Isabel, que en abril de 2005 perdió a su hija de dos años en un atropello, y que siete años después vio como fallecía su madre. En su testimonio, rememoró el impacto que sufrió cuando, al llegar al tanatorio, vio el cuerpo de su hija, de poco más de 90 centímetros, en un ataúd de adulto. Con la voz quebrada y visiblemente emocionada, esta madre explicó que desde la funeraria le indicaron que no disponían de féretros de niños.
A su vez, confirmó que en ambos funerales no se les permitió ver la cremación y también apuntó que en el caso de su madre, cuando abrieron el ataúd para darla el último adiós, le llamó poderosamente la atención lo torcida que tenía la nariz. “Cuando años después te enteras de todo esto, la verdad es que te sientes destrozada”, aseveró.
Mientras tanto, Mónica, que en febrero de 2011 incineró a su padre, reconoció sentirse “engañada como un tonta” cuando un agente de El Salvador le recomendó el féretro más caro, ya que el seguro de decesos de su padre cubría todos los gastos. Además, reconoció que ahora lo único que pide es que se haga justicia y los culpables sean castigados.
En la misma tónica se pronunciaron otros testigos, en los que la indignación volvió a ser el denominador común del sentimiento expresado, así como la duda de saber de quién son las cenizas que les entregaron.
El juicio continuará mañana con la declaración de más testigos por una causa en la que la Fiscalía solicita condenas que superan los 200 años de cárcel por el supuesto fraude que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre los años 1995 y 2015. De la lista de acusados se quedaron fuera el empresario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador, Justo Martín, ambos por fallecimiento.
Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel. El Ministerio Público solicita cinco años de cárcel por constitución de organización criminal; siete años y seis meses para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
