Sin verdad no hay relato común; sin justicia no hay legitimidad; sin reparación no hay cierre posible.
El 24 de marzo de 1976 en Argentina marcó el inicio de un periodo en el que el Estado dejó de proteger para convertirse en amenaza. La desaparición de personas no fue un exceso ni una desviación: fue un procedimiento. Se detuvo, se secuestró y se hizo desaparecer a miles de ciudadanos sin rastro, sin registro y sin explicación. La violencia no terminaba en el acto inicial, sino que se prolongaba en el tiempo a través del silencio impuesto y la incertidumbre.
Las consecuencias no fueron únicamente físicas. La desaparición produjo una forma de ausencia difícil de nombrar: sin cuerpo, sin duelo, sin cierre. Las familias quedaron atrapadas en una espera sin respuesta, en una búsqueda que no sabía si debía terminar o continuar. Ese vacío, lejos de disolverse con los años, se convirtió en una presencia constante.
Frente a esa lógica, hubo una respuesta que no estaba prevista: la persistencia. Madres y abuelas que decidieron salir a la calle cuando hacerlo implicaba riesgo. Hijos que crecieron reconstruyendo su historia desde fragmentos. La búsqueda dejó de ser un gesto individual para convertirse en una exigencia colectiva. Nombrar a los desaparecidos, insistir en saber, negarse a aceptar el silencio como respuesta: todo ello fue configurando una forma de resistencia sostenida en el tiempo.
Cuando Argentina dijo Nunca Más, no formuló una consigna vacía. Estableció un principio. Reconoció que lo ocurrido debía ser investigado, juzgado y recordado. No para fijar el pasado, sino para delimitar el presente. Ese “Nunca Más” no pertenece a un momento concreto: funciona como una advertencia permanente frente a cualquier forma de poder que pretenda situarse por encima de los derechos fundamentales.
En ese contexto, incluso las expresiones culturales más cotidianas reflejaron una conciencia crítica. Mafalda, con sus preguntas directas, representó una actitud que se vuelve esencial en cualquier sociedad democrática: la de no aceptar sin cuestionar. Su mirada, sencilla en apariencia, contiene una exigencia que atraviesa generaciones: entender lo que ocurre y no normalizar la injusticia.
Cinco décadas después, la memoria no puede limitarse a la conmemoración. Implica acción. La búsqueda de la verdad, la identificación de los responsables y la reparación a las víctimas siguen siendo tareas abiertas. En este sentido, organizaciones como Amnistía Internacional han insistido en la necesidad de sostener estos principios como base de cualquier sistema democrático. Sin verdad no hay relato común; sin justicia no hay legitimidad; sin reparación no hay cierre posible.
La experiencia argentina demuestra que enfrentar el pasado no debilita a una sociedad, sino que la fortalece. Reconocer los hechos, abrir archivos, identificar a quienes fueron privados de su identidad y restituirla en la medida de lo posible son pasos necesarios para reconstruir un tejido social que fue deliberadamente dañado.
Lo ocurrido no pertenece únicamente al pasado. Permanece en las historias incompletas, en las identidades recuperadas y en las que aún faltan por reconstruir. También en la responsabilidad colectiva de sostener un límite claro frente a cualquier forma de violencia institucional.
Recordar, en este caso, no es un ejercicio repetitivo. Es una forma de vigilancia ética. Es afirmar que hay hechos que no pueden relativizarse ni olvidarse sin consecuencias. Es, en definitiva, mantener vigente una decisión: que aquello no vuelva a suceder. Que sea, de verdad, Nunca Más.
Por. Javier Conesa, defensor de los Derechos Humanos
