La Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca ha acogido este miércoles una jornada de análisis en la que operadores del sector energético, académicos, magistrados y representantes de la Administración coincidieron en la necesidad de revisar el actual marco fiscal aplicable a la generación hidroeléctrica en España, al considerar que presenta disfunciones relevantes desde el punto de vista económico y territorial.
En un contexto geopolítico marcado por la volatilidad internacional, la presión sobre los combustibles fósiles y la necesidad de reforzar la autonomía estratégica de Europa, los expertos insistieron en que la fiscalidad debe reequilibrarse para gravar con mayor intensidad a las tecnologías fósiles, responsables de mayores emisiones y dependencia exterior, y no penalizar a la hidroeléctrica, una energía renovable, limpia y esencial para el almacenamiento y la estabilidad del sistema eléctrico. Subrayaron que la hidráulica forma parte del núcleo de recursos propios que permiten a España avanzar hacia una mayor autonomía energética y un desarrollo económico más robusto, al reducir la exposición a mercados internacionales inestables y fortalecer un modelo basado en energías autóctonas y sostenibles. “Resulta incoherente que tecnologías renovables que aportan independencia, resiliencia territorial y eficiencia sigan soportando cargas fiscales que no reflejan su valor estratégico para el país”, señalaron.
Durante el acto inaugural, presidido por la decana de la Facultad de Derecho, María Ángeles Guervós Maíllo, y el director de la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca, Pedro Calero, subrayaron que “la hidráulica es un pilar estratégico de la transición energética y el principal sistema de almacenamiento del sistema eléctrico. El ‘0 energético’ evidenció su papel clave en la recuperación del suministro, con centrales como Aldeadávila liderando la reposición. Sin embargo, existe una paradoja fiscal: pese a ser la “batería” del sistema y un elemento de equilibrio -especialmente en el bombeo-, la hidráulica soporta una sobreimposición que no la protege ni incentiva. La acumulación de tributos estatales, autonómicos y locales genera fragmentación del mercado e inseguridad jurídica, y tratar el bombeo como generación es un error conceptual. Racionalizar su fiscalidad es imprescindible para avanzar en la transición energética”.
En la primera mesa de debate, expertos del Ministerio de Hacienda, magistrados del Tribunal Supremo y catedráticos universitarios pusieron el foco en la acumulación de diferentes figuras tributarias que gravan la actividad hidroeléctrica. “La concurrencia del IVPEE, el canon de utilización de aguas continentales y diversos tributos autonómicos y locales genera una carga fiscal agregada que plantea serias dudas desde la óptica de la competitividad y de la coherencia con una fiscalidad que potencie la autonomía energética y la seguridad en el suministro”, advirtió uno de los ponentes.
Asimismo, se subrayó la desconexión entre la tributación soportada y su percepción en el territorio. “Existe la sensación de que la actividad hidroeléctrica no contribuye al entorno en el que se asienta, cuando los datos muestran exactamente lo contrario”, explicaron representantes del sector. La generación hidráulica y otras renovables soportan anualmente importes fiscales muy significativos, llegando en algunos casos a varios millones de euros por instalación entre impuestos estatales, autonómicos y locales. “El problema no es cuánto se paga, sino que una parte relevante de esa recaudación no resulta visible en el territorio”, añadieron.
Los ponentes coincidieron en que esta falta de trazabilidad alimenta un debate público incompleto. Se recordó que tributos como el IVA, el Impuesto sobre Sociedades o las figuras específicas de la generación contribuyen directamente a la financiación general del Estado y de las comunidades autónomas, aunque esa aportación no siempre es percibida por los municipios afectados.
La segunda mesa centró la atención en el bombeo hidroeléctrico, considerado una infraestructura esencial para el almacenamiento energético y la integración eficiente de renovables. “Estamos hablando de la principal ‘batería’ del sistema eléctrico español, y sin embargo se le aplica un tratamiento fiscal que no distingue adecuadamente entre generación y almacenamiento”, afirmó uno de los expertos. Gravar la energía tanto en el bombeo como en el turbinado, señalaron, introduce una penalización que desincentiva nuevas inversiones.
“Las centrales de bombeo no deberían considerarse como instalaciones de generación, ya que su función principal es el almacenamiento de energía, actuando como una batería a gran escala del sistema eléctrico. Esta calificación incorrecta provoca una clara doble imposición en el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, al gravarse primero la energía consumida en el bombeo y posteriormente la energía que finalmente se destina al consumo”, subrayó Pablo Renieblas, de Deloitte Legal.
Mirando al futuro, también se analizó el impacto de la fiscalidad en las próximas concesiones de embalses. “La carga fiscal será un elemento relevante en los concursos, por lo que es esencial evitar nuevas obligaciones económicas que comprometan la viabilidad de los proyectos”, indicaron. “Cualquier sobrecoste acaba trasladándose al sistema eléctrico y, en última instancia, al consumidor”, añadieron.
En el plano propositivo, los académicos defendieron la necesidad de una reforma profunda del marco tributario que aporte mayor coherencia y homogeneidad. “No se trata de reducir la contribución fiscal del sector, sino de diseñar una fiscalidad más clara, predecible y alineada con los objetivos de transición energética, autosuficiencia y cohesión territorial”, concluyeron.
José María Lago Montero, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca, afirmó que “los impuestos pueden presentarse como instrumentos ambientales, pero en la práctica mantienen un carácter esencialmente recaudatorio. Esta hipocresía política acaba traduciéndose en un castigo fiscal injustificado para las instalaciones hidroeléctricas”.
Asimismo, Fernando Serrano Antón, catedrático de Derecho Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, advirtió de que el actual shock energético derivado del conflicto con Irán obliga a replantear el mix energético en España, así como la presión fiscal que soportan las explotaciones hidroeléctricas, una tecnología estratégica para la seguridad de suministro y la descarbonización.
