El Gobierno y la Iglesia católica han ratificado este Lunes Santo un protocolo pionero que permitirá, por primera vez, reparar económicamente a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos han prescrito o cuyo agresor ha fallecido. El sistema, que entrará en vigor el próximo 15 de abril, establece un modelo mixto donde el Estado tendrá la última palabra, pero la Iglesia asumirá el coste íntegro de las indemnizaciones.
¿Cómo funcionará el proceso de reclamación?
A partir del 15 de abril, las víctimas podrán iniciar el proceso a través del Ministerio de Presidencia. El itinerario diseñado busca la agilidad (máximo tres meses) y se divide en tres pasos:
- Solicitud: Se presenta ante la unidad de tramitación del Ministerio de Presidencia.
- Evaluación: Una comisión de expertos del Defensor del Pueblo estudia el caso y propone una reparación.
- Resolución: La Iglesia valora la propuesta, pero la decisión final recae en el Defensor del Pueblo. La Iglesia abona la cantidad fijada.
Incluso quienes ya acudieron anteriormente a la comisión interna de la Iglesia (PRIVA) podrán solicitar una revisión para comprobar si su indemnización debe ser mejorada o complementada.
Sin techos económicos: evaluación «caso a caso»
Una de las claves del acuerdo es que no se han fijado cuantías máximas ni mínimas. Según el ministro Félix Bolaños, esto permite analizar la «profundidad» de cada daño sin limitaciones previas. Para calcular las cifras, se utilizarán criterios objetivos como:
- La gravedad del daño sufrido.
- La reiteración de los abusos.
- La edad de la víctima en el momento de los hechos.
Más allá del dinero: Justicia Restaurativa
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha subrayado que la Iglesia reconoce su «responsabilidad institucional» y que el perdón no es real sin «obras concretas de satisfacción». Por ello, el protocolo incluye:
- Reparaciones simbólicas: Actos de reconocimiento público.
- Justicia restaurativa: Posibilidad de mantener diálogos o entrevistas con miembros de la Iglesia para quienes lo deseen.
El «pecado original» de la autogestión
Hasta ahora, era la propia Iglesia la que decidía cómo reparaba sus propios abusos (a través de la comisión PRIVA, que ha gestionado unos 2 millones de euros en el último año). Con este nuevo pacto, se elimina ese conflicto de interés. Como ha señalado Teresa Conde, víctima de abusos: «Por primera vez la Iglesia va a asumir la culpabilidad de los traumas generados».
En breve:
- Fecha de inicio: 15 de abril de 2026.
- Plazo de resolución: Máximo 90 días.
- Pagador: La Iglesia católica (Diócesis o congregaciones).
- Supervisor: El Defensor del Pueblo (Ángel Gabilondo).
