Un nuevo impulso judicial pone contra las cuerdas al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, ha dictado un auto para obtener la información bancaria completa de Montoro, así como de una veintena de personas y empresas vinculadas a su círculo más cercano.
El magistrado considera «insuficiente» la documentación aportada hasta ahora por algunas entidades y ha autorizado a los Mossos d’Esquadra a acceder al Fichero de Titularidades Financieras. El objetivo es radiografiar todos los productos bancarios de los investigados en esta trama de presunto tráfico de influencias, según informa TVE.
La tesis de la investigación: «Leyes a la carta»
La causa se centra en el papel de Equipo Económico (EE), el despacho fundado por Montoro. La justicia sospecha que esta asesoría trabajó para conseguir reformas legislativas «a medida» que beneficiaran a grandes empresas gasistas mientras Montoro dirigía la cartera de Hacienda.
Los puntos clave que han encendido las alarmas judiciales son:
- Pagos fragmentados: La Agencia Tributaria sospecha que el despacho troceó facturas de las gasistas para evitar controles, sumando casi un millón de euros en movimientos bajo sospecha.
- Transferencias bajo lupa: El juez destaca la falta de coherencia en los pagos a exsocios y familiares, señalando que los importes no encajan con sus porcentajes de participación en las sociedades.
- Sincronización sospechosa: Hacienda apunta que los cobros coincidían temporalmente con los avances en las modificaciones legales que acabaron favoreciendo fiscalmente a las empresas clientes del despacho.
Un informe clave de Anticorrupción
Esta ofensiva judicial nace de un informe de la Agencia Tributaria remitido por la Fiscalía Anticorrupción el pasado febrero. En él se detalla cómo se habrían «violentado los resortes legislativos del Estado» para introducir cambios administrativos que permitieron beneficios fiscales millonarios.
Con este rastreo masivo de cuentas, el juzgado busca confirmar si el flujo de dinero entre las gasistas y el entorno de Montoro fue la contraprestación por el diseño de una normativa tributaria a conveniencia de intereses privados.
