Tras décadas sin aplicar la pena capital, el Parlamento israelí (Knesset) ha aprobado una ley histórica y altamente polémica que permite ejecutar mediante ahorcamiento a palestinos condenados por ataques letales. La norma, aprobada con 62 votos a favor -incluido el del primer ministro Benjamin Netanyahu- y 48 en contra, marca un punto de ruptura en la tradición judicial del país, que no realizaba ejecuciones desde 1962.
Las claves de la nueva legislación
La ley no solo destaca por la dureza de la pena, sino por su redacción técnica, que ha sido calificada de «discriminatoria» por observadores internacionales:
- Carga ideológica: La pena se aplicará a quienes asesinen con la intención de «negar la existencia del Estado de Israel». Esta fórmula dificulta jurídicamente que la ley se aplique a nacionalistas judíos que cometan actos terroristas contra palestinos.
- Procedimiento acelerado: La ejecución deberá cumplirse en un plazo de 90 días tras la sentencia. Aunque existe la opción de cadena perpetua, la ley elimina el derecho al indulto.
- Sin unanimidad: Los tribunales podrán imponer la muerte incluso si la Fiscalía no lo solicita y sin necesidad de que los jueces voten por unanimidad.
- Alcance territorial: La norma será aplicable en Israel y en los territorios bajo su control de facto, incluyendo Cisjordania y más de la mitad de la Franja de Gaza.
Cumplimiento de una promesa ultra
La aprobación de esta ley supone una victoria política para los socios de ultraderecha de Netanyahu, especialmente para el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. El líder de Poder Judío, que hizo campaña con insignias en forma de soga, celebró la medida afirmando que «quien asesine judíos no podrá seguir respirando».
Curiosamente, la ley no se aplicará a los milicianos de Hamás responsables de los ataques del 7 de octubre de 2023, ya que para ellos se tramita un tribunal especial diferenciado.
Un alud de críticas internacionales y legales
La comunidad internacional ha reaccionado con una condena casi unánime. Las principales potencias europeas (Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido) han emitido un comunicado conjunto calificando la pena de muerte como un castigo «inhumano y degradante» y alertando sobre el carácter discriminatorio de la norma.
Dentro de Israel, las voces de alerta también han llegado desde las instituciones:
- El Ministerio de Justicia y oficiales del Ejército advirtieron que la ley vulnera normas constitucionales y tratados internacionales de los que Israel es signatario.
- La Autoridad Nacional Palestina ha denunciado lo que considera una «legalización de ejecuciones extrajudiciales», instando al mundo a romper vínculos con el gobierno de Netanyahu.
Contexto histórico
Israel abolió la pena de muerte para delitos ordinarios en 1954. Con este movimiento, el país se desmarca de la tendencia abolicionista global -seguida por 113 naciones- y se une al grupo de 54 países que aún mantienen la pena capital, situándose de nuevo en el foco del escrutinio de organismos como Amnistía Internacional y el Consejo de Europa.
