El sindicato CSIF ha lanzado un requerimiento a todos los ayuntamientos y entidades locales de la Comunidad para que activen las negociaciones necesarias y regulen formalmente la jornada laboral de 35 horas semanales.
A pesar de que gran parte de los municipios ya cumplen con este horario, el sindicato advierte que aún existen numerosas localidades pequeñas e intermedias -además de capitales como León y Soria– que todavía no han implementado esta medida.
El respaldo legal del acuerdo estatal
La reclamación no es arbitraria. CSIF se apoya en el reciente acuerdo alcanzado con la Administración General del Estado (AGE), que desbloquea una situación pendiente desde 2022 y genera un «efecto dominó» en el ámbito municipal:
- Techo máximo: Según la Ley de Bases de Régimen Local, la jornada de los funcionarios locales debe ser, como máximo, igual a la fijada para el Estado.
- Sin automatismos: El sindicato aclara que el cambio no se aplica de oficio; requiere que los responsables políticos locales firmen la regulación correspondiente.
Un derecho «de hecho» pero no «de derecho»
Desde CSIF subrayan que en muchas diputaciones y consistorios las 35 horas ya se trabajan en la práctica, pero insisten en la importancia de formalizarlo por escrito para dar seguridad jurídica a los empleados públicos. «Si los responsables políticos no actúan, nos tocará a los sindicatos reclamarlo y exigirlo», advierten desde la central.
Esta medida ya es una realidad para los empleados de la Junta de Castilla y León y, tras el pacto firmado el pasado mes de noviembre en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público, el objetivo es que no quede ningún trabajador de la administración local fuera de este marco normativo.
