Los ‘deberes’ de las nuevas Cortes

Renovar las instituciones propias: el Procurador del Común, el Consultivo y Cuentas superan los tres años con el mandato caducado y el CES ronda los dos y medio a la espera del consenso
Leticia Pérez/ICAL. Primera sesión del pleno de las Cortes de Castilla y León, que comienza con las preguntas de control al Ejecutivo.

Las nuevas Cortes de Castilla y León, que en un par de semanas inician la XII Legislatura, reciben como ‘herencia’ el reto de renovar las cuatro instituciones propias de la Comunidad. La falta de consenso mantiene desde hace más de tres años con el mandato caducado a los titulares del Procurador del Común, el Consultivo y Cuentas y desde hace unos dos y medio, al Consejo Económico y Social (CES).

J.A. / ICAL. Dos legislaturas después y tras un intento que se quedó en nada a principios de 2023, las Cortes salidas de las urnas el 15 de marzo suman una nueva tarea a la de la investidura del presidente de la Junta o a la designación de senadores por la Comunidad -60 días-. A todo ello se une la tarea de alumbrar un acuerdo político que permita desbloquear la renovación de las instituciones propias.

La última vez que reinó la concordia y el consenso fue posible en las Cortes era finales de 2018, la cámara tenía 84 procuradores y llegaba a su fin la novena legislatura. Entonces, PP y PSOE acordaron el nombramiento de Tomás Quintana, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, como procurador del Común, en sustitución de Javier Amoedo. La oposición de entonces -Podemos, Ciudadanos, IU y UPL- se abstuvo por no haberles hecho participes del consenso.

No fue el único pues a este acuerdo le sucedió otro, el de los presidentes del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, y de Cuentas, Mario Amilivia, que ahora tienen vencidos desde hace algo más de tres años sus primeros mandatos. Fueron elegidos, por un pacto PP-PSOE, en los últimos compases de la novena legislatura, la del empate a 42 procuradores, puesto que el Plenario aprobó su nombramiento en febrero de 2019.

En ese año, pero ya en el mes de noviembre y con unas nuevas Cortes en las que el PSOE era el grupo mayoritario, se aprobó el nombramiento de Enrique Cabero, experto propuesto por la Junta, como presidente del Consejo Económico y Social (CES), por lo que agotó también su nombramiento hace casi dos años y medio, en noviembre de 2023, sin que haya sido reelegido o relevado.

Unos y otros, pese a sus deseos, no fueron capaces de cumplir lo previsto en la legislación reguladora de las instituciones propias durante la pasada legislatura, aunque sus titulares han defendido que pese a estar en funciones siguen cumpliendo sus funciones como el primer día. Ahora, los 82 procuradores inician una nueva con deberes heredados del curso anterior para lo que deben ser capaces de forjar un acuerdo entre partidos, condición indispensable para superar el bloqueo.

En el nuevo parlamento y a la espera de su constitución el próximo 14 de abril, el Grupo Popular, el mayoritario con 33 parlamentarios, no suma con Vox (14) la mayoría de los tres quintos (49 votos) que se requiere para renovar las instituciones propias, por lo que se necesita el concurso de alguno de los 30 procuradores socialistas o de los cinco de UPL (tres), Soria YA (uno) o Por Ávila (uno).

Proceso

De acuerdo a la ley de creación de la institución, la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común es la encargada de presentar a la Mesa de las Cortes el nombre del candidato para su elección por el pleno de la cámara. Su titular es elegido para un periodo de cuatro años por una mayoría de tres quintos, pero puede ser reelegido para un segundo mandato.

Quintana es el tercer Procurador del Común. El primer titular de la institución, creada como en 1994 y recogida en el Estatuto de Autonomía, fue Manuel García Álvarez, catedrático de Derecho Constitucional de la ULE, entre los años 1995 y 2005. Fue sustituido por el entonces fiscal jefe de la Audiencia de León, Javier Amoedo, quien ostentó el cargo desde noviembre de 2005 hasta octubre de 2018.

En cuanto a Cuentas y el Consultivo, son las Cortes quienes, a propuesta de los grupos en función de su representación, eligen a los tres consejeros de cada institución en votación conjunta por la mayoría de tres quintos en primera votación y por mayoría absoluta si fuera necesaria una segunda. Después el pleno de cada consejo propone a su presidente, que es nombrado por las Cortes por mayoría absoluta.

El Consultivo y el Consejo de Cuentas están formados por tres consejeros tras la reforma en la que se redujo a ese número los anteriores cinco. Dos los propone el grupo mayoritario y uno el principal de la oposición. En el Consultivo, además, se completa su composición con los consejeros natos, los expresidentes de la Junta, aunque en este momento ha cesado Juan Vicente Herrera, tras cumplir 70 años.

Finalmente, sobre el CES, las Cortes también deben reunir una mayoría de tres quintos en la votación conjunta de los dos miembros que sean propuestos por los grupos para conformar un Consejo de 36 integrantes. El pleno de este órgano será el que designe a su presidente.

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