“Rumeysa Ozturk, una estudiante de doctorado caminaba por una calle de Massachusetts, cuando seis agentes la rodearon, le sujetaron las muñecas y le confiscaron el teléfono. Algunos de ellos se cubrieron el rostro con telas tras detenerla. No era una escena de una dictadura centroamericana de los años ochenta, era Estados Unidos en pleno siglo XXI”.
Hace apenas un año, Donald Trump regresó a la Casa Blanca, y la mayor democracia del mundo ha experimentado un deterioro de los derechos humanos que organizaciones como Amnistía Internacional califican de «deriva autoritaria». Se identifican doce señales de alarma que van desde los ataques a la libertad de prensa hasta las desapariciones forzadas de migrantes en suelo estadounidense. Desapariciones forzadas, un término que hasta hace poco asociábamos exclusivamente a las dictaduras latinoamericanas del siglo XX, se está utilizando ahora para describir lo que ocurre allí.
Y los hechos respaldan esa afirmación. Según Human Rights Watch más de 200 venezolanos fueron deportados en marzo de 2025 a la megacárcel CECOT de El Salvador donde permanecen incomunicados. Nadie, ni sus familias, ni sus abogados, ni las autoridades, ha confirmado su identidad, sus cargos ni su paradero. El American Immigration Council elevó la cifra a más de 280 personas ‘desaparecidas’ hacia esa prisión, siendo personas que confiaron en el sistema legal de Estados Unidos y fueron engullidas por él.
Pero el problema no se limita a las deportaciones al extranjero, porque dentro del propio territorio estadounidense también más de 1.200 personas han desaparecido de los registros del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) tras ser detenidas. El caso más emblemático es el de Alligator Alcatraz, un centro de detención improvisado con tiendas de campaña en los pantanos de los Everglades, Florida. Tras su cierre por orden judicial, dos tercios de los 1.800 hombres allí recluidos quedaron en paradero desconocido. Sin registros de transferencia, sin notificaciones de deportación, simplemente dejaron de existir en las bases de datos.
Las condiciones dentro de estos centros son, según Amnistía Internacional, constitutivas de tortura. En Alligator Alcatraz los detenidos sufren inodoros desbordados con materia fecal que se filtra a los dormitorios, exposición constante a insectos, luz artificial las 24 horas y comida de mala calidad, entre otras cosas. «Eso es tortura bajo la definición de la ley internacional», afirmó Amy Fischer, directora de Derechos de los Refugiados de Amnistía Internacional en Estados Unidos.
A estas atrocidades se suma la sistemática privación del derecho a un proceso justo, los detenidos carecen de acceso a abogados, no disponen de intérpretes y son coaccionados para firmar órdenes de salida voluntaria sin asesoramiento legal. Expertos de Naciones Unidas han expresado su alarma exigiendo que toda persona deportada tenga la oportunidad de expresar sus objeciones ante un procedimiento legalmente supervisado, pero la administración Trump ha optado por la vía rápida: el procedimiento de expulsión acelerada que elude cualquier supervisión judicial.
Mientras tanto la libertad de prensa, pilar de cualquier democracia, sufre un bloqueo constante. Trump denigra a periodistas en función de su género o etnia, restringe acreditaciones a medios que no siguen su narrativa, lanza investigaciones contra quienes le critican e intenta controlar la agenda informativa. El Washington Post despide a 300 trabajadores mientras su propietario, Jeff Bezos, financia con 40 millones de dólares iniciativas vinculadas a la administración Trump. La vigilancia masiva, la militarización de la seguridad interna y los ataques a la independencia judicial completan un cuadro que Amnistía Internacional no duda en calificar de agenda autoritaria.
Hay algo profundamente perturbador en que el país que impulsó la creación del sistema de Naciones Unidas sea hoy el que más lo erosiona, que el país que se presentó durante décadas como faro de libertad esté haciendo desaparecer personas de sus registros, torturando detenidos en centros improvisados y deportando solicitantes de asilo a cárceles de máxima seguridad en terceros países sin juicio ni cargos. La comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado. Porque cuando la democracia más poderosa del mundo normaliza las desapariciones forzadas, el mensaje que envía al resto de gobiernos es inequívoco: todo está permitido.
Por. Jimena Moreiras Bernabé, defensora de los Derechos Humanos
