La Fiscalía ha abierto diligencias contra el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el consejero en funciones de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por un posible delito de administración desleal relacionado con la paralización de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, tras la denuncia de tres colectivos, según recoge el Norte de Castilla.
Ical.- La investigación se inició en paralelo al proceso de disolución impulsado por Adif, que solicitó la resolución del convenio firmado en 2017 con el Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de Castilla y León y el entonces Ministerio de Fomento. Según el acuerdo, cualquiera de los socios puede declarar unilateralmente resuelto el convenio si aprecia incumplimientos por parte de otro.
Adif justificó esta decisión tras constatar el bloqueo de los órganos de administración de la sociedad mercantil, lo que, a su juicio, impide continuar con el objetivo principal del convenio: la integración ferroviaria de la ciudad.
La denuncia fue interpuesta por Asciva, Ciudad Sostenible y Ateneo Republicano, que consideran que tanto el alcalde como el consejero pudieron haber incurrido en un delito al paralizar obras ya proyectadas y presupuestadas. Según los denunciantes, la finalidad fue obstaculizar la construcción de varios pasos contemplados en el convenio de integración.
En la última reunión del Consejo de Administración, Adif detalló hasta siete incumplimientos que sustentan su petición de disolución. Entre ellos figura la negativa a abonar los 11 millones de euros que correspondían a una de las administraciones en 2024, cantidad que posteriormente fue fraccionada sin la aprobación del Consejo ni la negociación de un nuevo calendario de pagos.
Además, la entidad ferroviaria señaló la paralización de varias actuaciones clave, como los tres pasos de Ariza, el de Arco de Ladrillo, el de San Isidro y la urbanización de la calle Salud. También criticó la falta de avances en la nueva estación de autobuses, cuyo proyecto quedó paralizado sin que la sociedad recibiera información sobre las necesidades para su licitación, añade El Norte de Castilla.
Otro de los puntos señalados por Adif es la falta de aprobación de las cuentas de 2024 y de los presupuestos de 2025, lo que agrava la situación de bloqueo institucional. El posible delito de administración desleal no es menor, ya que podría implicar responsabilidades penales y penas de prisión en caso de demostrarse la culpabilidad de los responsables.
No obstante, el procedimiento se encuentra aún en una fase inicial. La Fiscalía deberá estudiar la documentación aportada y decidir si existen indicios suficientes para continuar con la investigación o, por el contrario, archivar el caso.
