La Fiscalía ha presentado formalmente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional solicitando la anulación de la condena impuesta a Álvaro García Ortiz. El exfiscal general fue sentenciado a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros tras ser acusado de filtrar datos reservados sobre el caso de fraude fiscal que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El Ministerio Público sostiene que la sentencia del Supremo incurre en varias vulneraciones de derechos fundamentales:
- Vulneración de la presunción de inocencia: La Fiscalía argumenta que el tribunal hizo una valoración «sesgada» de los testimonios de los periodistas. Según el recurso, varios profesionales negaron que el acusado fuera su fuente y demostraron tener acceso al correo clave antes de la supuesta filtración del fiscal.
- Uso ilícito de pruebas: El recurso señala que el borrado de mensajes personales de García Ortiz se utilizó como indicio de culpabilidad, pero que dicha prueba se obtuvo mediante una «injerencia indiscriminada» del instructor, sin tener en cuenta que el despacho oficial del fiscal es un «domicilio profesional» con información sensible.
- Indefensión del acusado: La Fiscalía critica un «giro argumental sorpresivo» en la sentencia. Denuncia que se acabó condenando al ex fiscal por la publicación de una nota de prensa oficial (del 14 de marzo de 2024) que inicialmente se había descartado como objeto de enjuiciamiento, impidiendo que García Ortiz pudiera defenderse de esa acusación específica.
- Interpretación del Código Penal: El Ministerio Público considera que el Supremo «desbordó los límites» de la ley (artículo 417 del Código Penal) al castigar una conducta que, según su criterio, buscaba garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz frente a noticias falsas.
Antecedentes y situación actual
- La condena: El Supremo reafirmó en febrero la culpabilidad de García Ortiz por revelación de secretos relacionados con Alberto González Amador.
- Pagos realizados: El exfiscal ya liquidó el pasado mes de enero tanto la multa de 7.200 euros como la indemnización de 10.000 euros a la pareja de la presidenta madrileña.
El Tribunal Constitucional deberá decidir ahora si admite a trámite este recurso, lo que podría suponer un vuelco jurídico en uno de los casos con mayor repercusión política y judicial de los últimos años.
