La defensa de Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de tumbar la sentencia del Supremo que le condenó por revelación de secretos. El exfiscal busca revertir la pena de dos años de inhabilitación impuesta por la filtración de datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Condena basa en «inferencias»
La Abogacía del Estado, encargada de su defensa, solicita la nulidad de la condena alegando que el proceso judicial vulneró derechos fundamentales. Los argumentos principales del recurso se centran en tres puntos:
- Arbitrariedad: Sostienen que el Tribunal Supremo realizó una valoración «irracional y arbitraria» de los indicios.
- Falta de pruebas directas: La defensa critica que la condena se sustente en «meras inferencias» y no en pruebas sólidas que demuestren que García Ortiz fue el autor material de la filtración.
- Omisión de testimonios: El recurso denuncia que el tribunal ignoró pruebas de descargo clave, como las declaraciones de los periodistas que aseguraron durante el juicio que el fiscal no fue su fuente de información.
El argumento de la «autodivulgación»
Uno de los puntos más destacados de la impugnación es la crítica al análisis «fragmentado y parcial» de los hechos. La defensa insiste en que no se tuvo en cuenta que el propio entorno de la pareja de Ayuso ya había difundido detalles de su comunicación con Hacienda, lo que, a su juicio, anularía el carácter secreto de la información.
Con este movimiento, García Ortiz agota la vía interna en España, dejando en manos del Tribunal Constitucional la decisión de si el Supremo actuó con rigor o si, por el contrario, la condena debe ser anulada por falta de garantías.
