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Querella contra los antiguos gestores de la Caja por un agujero de 160 millones

casa maria la brava
La Casa de María la Brava se compró por varios millones más de lo que se pedía.

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado este jueves una querella en la Audiencia Nacional contra cuatro directivos de antigua dirección de Caja Duero por cuatro operaciones inmobiliarias que causaron un «quebranto financiero» de 160 millones de euros a la entidad.

 

La querella se dirige contra el expresidente de Caja Duero, Julio Fermoso; el exdirector de Infraestructura de la entidad; el exdirector de Inversiones del Grupo de Negocio, Juan Ramón Sagarmínaga, y el director adjunto, Antonio Sánchez. A todos ellos se les atribuyen los presuntos delitos de estafa agravada y otro de administración fraudulenta o desleal.

Algunos de los señalados por UPyD pasaron a formar parte, posteriormente, de la dirección de Banco Ceiss, surgido tras la fusión de Cada Duero y Caja España. En la actualidad ya no se encuentran en la entidad, porque Unicaja se deshizo de ellos antes de engullir a Ceiss e iniciar una nueva etapa, haciendo borrón y cuenta nueva con el pasado.

Las operaciones

La querella se refiere a cuatro operaciones inmobiliarias realizadas entre 2007 y 2008. Una de ellas fue la compra de un edificio en la calle Marqués de Villamagna, en Madrid, por el que la antigua Caja pagó 97 millones cuando la tasación más elevada que recibió era de 77.

Otra fue la adquisición de un edificio en el número 27 de la plaza del Ayuntamiento, en Valencia, por el que la entidad sufrió un quebranto de 15 millones. Se compró por 18 cuando la tasación más alta eran 14, pero además hubo comisiones por medio y obras también sobrevaloradas.

También se incluye la compra de la casa de María la Brava, en la Plaza de los Bandos, por la que la antigua Caja pagó 11,1 millones de euros cuando la tasación más alta era de 9,7. En esta operación entraron, asimismo, cinco plazas de garaje por un total de 375.000 euros (a 75.000 euros cada una).

Mecanismos

Por último, está la operación con la promotora salmantina Aklunia Duero SL, que compraba inmuebles y solares y cuyas inversiones habrían ocasionado un agujero de 25 millones.

UPyD asegura que fallaron los mecanismos de control internos de la entidad y los externos de la CMNV y del Bando de España. Asegura, asimismo, que los exdirectivos ahora señalados ocultaron estas operaciones a Caja España para no dificultar la fusión de ambas entidades.

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