CCOO ha anunciado en rueda de prensa que mañana inicia la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentó el pasado 16 de diciembre contra la privatización del Registro Civil y la entrega de su gestión a los registradores mercantiles.
Una vez superadas las dificultades administrativas en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en la Junta Electoral Central, el sindicato se propone alcanzar lo antes posible las 500.000 firmas necesarias para que la proposición de ley de la ILP llegue al debate en el Congreso con el fin de paralizar la privatización de este servicio público, universal y gratuito.
Esta decisión porque supone la privatización de un servicio que es público desde 1871 y «pone en riesgo más de 5.100 empleos de la Administración de Justicia para favorecer a los registradores, que no son funcionarios públicos, tal y como establece la Unión Europea mediante sentencia», según CCOO.
Cierre de oficinas
Además, supone una pérdida de más de 8.000 oficinas de Registro Civil. Se pasaría de más de 8.120 oficinas que hay en la actualidad en España, a tan solo poco más de 100. Los ciudadanos y ciudadanas dejarán de poder acudir a un Registro Civil en el municipio en el que viven.
Por último, CCOO indica que estamos ante «un ataque a los derechos de la ciudadanía pues en la privatización del Registro Civil se regalan a los registradores 130 millones de euros de nuestros impuestos, cifra que costó la digitalización de 123.000 tomos o 80 millones de páginas de los 432 registros civiles».
