Lucía Risueño es licenciada en Psicología Social y del Trabajo: mejorar la vida de las personas en su vida laboral – PRL y está preparando su tesis doctoral sobre “La Ergonomía Laboral Preventiva: más allá de la Ley de Prevención”, es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales y asesor de trabajadores y empresas
[dropcap]S[/dropcap]e aproximan grandes cambios en el sector de la Prevención de Riesgos Laborales, en los próximos meses.
Por una lado, estamos a apenas a unos días para que las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social realicen la desinversión de sus sociedades mercantiles de prevención. Esto se traduce en la privatización total del sector. Hasta ahora, el mercado estaba dominado por estas grandes filiales de las Mutuas, que, recordemos, son entidades privadas formadas por la asociación voluntaria de empresarios.
Dichas entidades dan cobertura a las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como gestionan las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes que los trabajadores de las empresas asociadas padezcan. Además, también has estado ofreciendo servicios de prevención en su modalidad externa, siendo competencia de los servicios privados en condiciones ventajosas, aunque ya, últimamente,como “sociedades de prevención”, que si bien no formaban parte directamente de dicha entidad, seguían dependiendo de ellas como único inversor.
Continuaba, por tanto, habiendo desigualdad entre aquellas empresas privadas que deseaban, satisfacer las necesidades que otras tienen de concertar un servicio de prevención ajeno (costeándose los gastos ocasionados al 100%), de aquellas sociedades de prevención que podían disponer de fondos de las mutuas, si era necesario. Fruto de esta situación, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que percibe una pérdida de capital proveniente de las cotizaciones, presionado por la asociación ASPA (Federación de Servicios de Prevención Ajenos) en búsqueda continua de la igualdad de competencia, ha desembocado en la recientemente aprobada Ley 35/2014, conocida como “Ley de Mutuas”, en cuya disposición transitoria tercera establece como fecha límite el próximo día 31 de marzo, para que las mutuas presenten la propuesta de venta de sus sociedades de prevención, siendo el 30 de junio el plazo máximo para enajenar la totalidad de las participaciones que en ellas tengan.
Las operaciones mercantiles, por tanto, están prácticamente realizadas. Muchas han optado por configurarse como empresas privadas, modificando levemente su denominación, otras han pasado a formar parte de grandes grupos de salud, y otras han vendido sus carteras a servicios de prevención privados. Se adjunta imagen de algunas operaciones que se han hecho públicas.
Veremos, en próximos meses, si estos cambios revierten en algún tipo de alteración sobre la calidad y precio de los servicios prestados, y desde aquí, aconsejamos a los empresarios que no se relajen en su exigencia del servicio que merecen, pues, por otro lado, el anteproyecto de ley que ha aprobado el Gobierno recientemente para la reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, anticipa, un incremento de recursos para combatir la siniestralidad laboral, creando de una nueva Escala de Subinspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo.
También, parece que se pretenden incrementan los recursos para la investigación científico-técnica en esta materia, pues está previsto que en la oferta pública de empleo aprobada el pasado viernes, se convoque un número importante de plazas de Técnicos Superiores para el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
El sector está candente, habrá que estar muy atentos…
Más información en: Asesoría en Prevención de Riesgos Laborales
