Unión Progreso y Democracia exige a la Junta de Castilla y León que dé las pertinentes explicaciones por el supuesto pago de comisiones para agilizar en la aprobación de parques eólicos de la región, según informa hoy el diario El País.
El rotativo nacional explica que la Agencia Tributaria ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción una aparente trama organizada en la que estaban involucrados altos cargos de la Junta de Castilla y León, así como las empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y la explotación de los citados parques en la Comunidad. Entre los implicados, además, se encuentran el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado Núñez, mano derecha del actual consejero del ramo, Tomás Villanueva.
En el texto, se les acusa de recibir comisiones sin motivos económicos justificados – no se percibe ninguna contraprestación o actuación concreta – por un montante de al menos 110 millones de euros, ya fuera a través de transferencia de fondos o de acciones.
La candidata a la Presidencia de la Junta, Carolina Martín, solicita al presidente Herrera que comparezca ante la ciudadanía y que “ofrezca las explicaciones pertinentes a los ciudadanos porque la gestión de la Junta queda en entredicho”.
Saqueo y hartazgo
Podemos Castilla y León, por su parte, expresó «una vez más el hartazgo ante una situación insostenible de saqueo de lo público y engaño a la ciudadanía, con el único fin de favorecer a los intereses de unos pocos».
Asegura que «la creación ad hoc de empresas interpuestas y la participación en el accionariado de las mismas por parte de varios dirigentes vinculados a la Consejería encabezada por Tomás Villanueva ha sido el método utilizado para el pago de favores por parte de compañías del sector eléctrico».
Indica que el caso destapado este lunes «no es más que una muestra de la verdadera cara del Partido Popular en las instituciones de nuestra tierra, cortijo durante varias décadas al servicio de los intereses de unos pocos bolsillos y en contra de la gran mayoría que sufrimos sus saqueos. El uso de empresas y fundaciones públicas dependientes de la Junta para entretejer redes clientelares, han convertido a estos entes en muchos casos en nidos de corrupción».
