El PP ha encontrado en el fiscal anticorrupción a su mejor defensor en el caso de la ‘caja B’ manejada por el partido durante 20 años, según acreditó el juez Ruz. Reconoce la existencia de la ‘caja B’ y el uso de casi un millón de euros para reformar su sede, pero pide el archivo de la causa contra la formación conservadora.
El ministerio público ha solicitado cinco años de prisión para los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta por delito fiscal, apropiación indebida y falsedad documental por el manejo de la ‘caja B’ y exculpa al partido, por considerar que el PP no cometió delito tributario por las donaciones realizadas por los empresarios y anotadas por Bárcenas en su contabilidad B.
El fiscal anticorrupción reconoce la existencia de la ‘caja B’ en el PP, pero asegura que la controlaban Bárcenas y Lapuerta y que esa contabilidad oculta «era ajena al control del departamento de contabilidad».
En su escrito atribuye la responsabilidad del uso de dinero negro para pagar las obras de la sede de Génova sobre el también exgerente Cristóbal Páez, para quien pide 18 meses de prisión, y a los dos expropietarios de la empresa que realizó las obras, para quienes solicita penas de tres años y diez meses, a cada uno de ellos.
El fiscal precisa que la Agencia Tributaria ya dijo en sus informes que las donaciones al PP anotadas por Bárcenas «estaban exentas de tributar en el impuesto de sociedades».
El ministerio público reconoce la existencia de la caja B, pero busca la forma de exculpar al partido apoyándose en los peritos de Hacienda (los que decían que el PP era como Cáritas y Cruz Roja) para afirmar que no hay responsabilidad el partido por usar dinero negro porque no tenía que pagar el impuesto de sociedades.
