CSIF exige no sólo el abandono total de la privatización del Registro Civil, sino también la derogación de la ley 20/2011, para que este servicio permanezca en el ámbito de la administración de Justicia.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) exige claridad al Ministerio de Justicia, tras anunciar la paralización de la privatización del Registro Civil, porque todavía quedan muchas dudas sobre sus intenciones, “cabos sueltos sobre cuestiones que son importantes”.
El Ministerio de Justicia debe explicar qué significa “sacar el Registro Civil fuera del ámbito judicial”, tal y como ha señalado. “No se puede abrir un proceso de diálogo si ya se excluye, de primeras, la propuesta defendida por CSIF de un Registro Civil gestionado por funcionarios de Justicia”, indica el sindicato.
El Ministerio debe comunicar la duración de la prórroga de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 (que saca el Registro Civil de la administración de justicia), y cuándo se hará efectiva la prórroga o la derogación en el BOE. No obstante, más que una prórroga de la entrada en vigor de la ley, CSIF defenderá la derogación de la Ley 20/2011, puesto que esta ley también saca el registro civil de la Administración de Justicia. “Es el mejor camino para poder negociar sin ningún tipo de presión ni posición predeterminada”, insiste CSI-F.
