Los decanos de las Facultades de Artes y Humanidades del conjunto del Estado español, reunidos en asamblea los días 20 y 21 de marzo de 2015 en la Universidad de Salamanca, en la XXIII Conferencia de Decanatos de Letras, decidieron unánimemente manifestar su inquietud por el deterioro de las universidades públicas en la docencia, la investigación y la gestión y su firme compromiso de luchar por defender el papel que la enseñanza de las Humanidades tiene en la sociedad y en el momento actual.
Como responsables de una parte de la gestión que se realiza en las universidades y como miembros de la comunidad universitaria española, este miércoles han hecho pública la que han denominado ‘Declaración de Salamanca’.
En ella demandan un compromiso en la defensa de la universidad pública y expresan su oposición a la tendencia, cada vez más frecuente, a la externalización y privatización de la gestión.
También piden la equiparación de los presupuestos de educación e investigación a la media de la Unión Europea y un adecuado relevo generacional entre el profesorado. «Las tasas de reposición se han convertido en un instrumento encubierto orientado únicamente a la reducción del gasto, que conducirá inevitablemente a medio y largo plazo a la desaparición de centros y de titulaciones ante la falta de profesores», indican.
La reforma universitaria
Los decanos reclamaron, asimismo, la suspensión de la posible estructuración de las enseñanzas universitarias en grados de tres años y másteres de dos años. «Nuestra exigencia se basa en que los motivos que sustentan este Real Decreto son falaces y suponen, una vez más, un atentado contra la enseñanza universitaria pública. Dicho Real Decreto se ha realizado en un contexto en el que todavía se están acreditando los actuales grados sin tiempo apenas para efectuar un diagnóstico y una evaluación consistente de los planes de estudio vigentes; no ha tenido en cuenta las opiniones de la comunidad universitaria en su conjunto; altera las competencias actuales de grados y títulos; no contempla la posibilidad de que se cuente con másteres adecuados; encarece los estudios, vulnerando con ello la igualdad de oportunidades al no garantizar la posibilidad de cursarlos a todo el alumnado; plantea problemas técnicos de reconocimiento de créditos y, sobre todo, degrada, el nivel de la enseñanza universitaria», señalan.
En este contexto exigen la equiparación de las tasas universitarias de grado y máster entre sí y entre las diferentes comunidades autónomas.
