La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) vuelve a lamentar la “precipitación, la improvisación y las numerosas incidencias” que se han producido en las pruebas de evaluación de tercero de Primaria, celebradas por “imposición y sin hablar previamente con los docentes”, que lleva al sindicato a reclamar a la administración educativa, «por enésima vez, a que se siente, de una vez, a consensuar la aplicación de la Lomce, para evitar situaciones como las sufridas esta semana».
A pesar de la postura en contra a esta Ley por parte del sindicato, «¿cuándo va a comprender la Administración que los docentes somos los primeros en querer que la Lomce se aplique en las mejores condiciones, para los alumnos y los profesores? Siempre será mejor estar ’junto a’ que ‘frente a’», afirma la responsable de Enseñanza de CSI-F, Castilla y León, Isabel Madruga.
De entrada, las pruebas no han llegado a tiempo en todos los centros, a pesar de que la propia resolución de la Consejería decía textualmente que «el transportista entregará la caja precintada de cada centro como máximo el 22 de mayo». La realidad ha sido que hasta el día anterior (25) o incluso el mismo día de la prueba (el 26) no habían llegado los exámenes a algunos centros, según CSI-F. Por ejemplo, en algunos CRAs (colegios rurales agrupados) no llegaron las pruebas a todos los colegios dependientes; o en Zamora no se tuvo en cuenta que el día 25 era festivo, por lo que el material no llegó a numerosos centros de la capital, que han retrasado las pruebas.
Además del deficiente reparto del material, CSI-F añade que ha sido insuficiente, lo que ha obligado a algunos centros a fotocopiarlo. La inclusión de preguntas sobre materias que los alumnos no habían dado, o incluso errores en las respuestas, han sido otras incidencias que se han producido, indica CSI-F, que recalca que el profesorado tuvo dificultades para gestionar la realización de las evaluaciones, por cuestiones tan simples como que no había cuadernillos de instrucciones suficientes; o dudas más de fondo, como saber si la prueba era obligatoria o no, que los interlocutores de la administración no supieron aclarar. Una vez más, «no se tiene en cuenta el aumento de tareas burocráticas en los centros, sin reconocimiento alguno y con carácter dictatorial, lo que puede perjudicar la marcha normal de los centros», recalca CSI-F.
Tras las pruebas, CSI-F insiste en que la administración deber garantizar el carácter reservado de los resultados, y que el único fin debe ser conocer el nivel del alumnado para proporcionarles apoyos si fuera necesario. CSI-F remarca su “absoluto rechazo” al establecimiento de un ranking de colegios, y a la publicación de resultados fuera del propio centro, y advierte que va a estar “muy vigilante”.
Los colegios no son homogéneos y su alumnado tampoco, por lo que es injusto comparar centros y alumnos diferentes. La normativa, ahora, sí permite que cada centro pueda publicar sus resultados, por lo que CSI-F cree que, “al final, se conocerán los resultados de todos los centros, y algunos, con claros intereses mercantilistas, pueden propiciar una competencia público-privada que será muy injusta para la enseñanza pública, dado su carácter integrador, que determina que el punto de partida sea muy diferente”, asegura CSI-F.
