El Ayuntamiento, que sigue sin redactar el Plan Especial de Protección del Río Tormes y Arroyo del Zurguén, de acuerdo con la legislación vigente, ya ha adjudicado a una empresa externa la consultoría y asistencia técnica del proyecto municipal.
La Asociación “Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio” ha instado al Ayuntamiento de Salamanca a suspender la tramitación del proyecto municipal “Tormes+” hasta la aprobación definitiva de un Plan Especial de Protección del Río Tormes y Arroyo del Zurguén. Por tanto, se ha solicitado el inicio del proceso de redacción de dicho Plan Especial de Protección contando con la participación de la ciudadanía y sometiéndolo al correspondiente procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
La legislación
Los Planes Especiales de Protección son instrumentos de planeamiento regulados en la Ley de Urbanismo y en su Reglamento. Éstos planes tienen por objeto preservar el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje u otros valores socialmente reconocidos.
El Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca establece que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de dicho Plan (en el año 2007), el Ayuntamiento de Salamanca tendría que aprobar el Plan Especial de Protección del Río Tormes y Arroyo del Zurguén.
El Plan Especial de Protección
El Ayuntamiento de Salamanca aprobó definitivamente ese Plan en diciembre de 2010 e incluía los Estudios de Detalle de los sectores de SU-NC-16, SU-NC-24 y SU-NC-25, si bien fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León al no haber sido sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
El Plan afectaba a una superficie de 593,18 hectáreas -que comprendía las riberas del Río Tormes y del Arroyo del Zurguén- e incorporaba una serie de planos temáticos con todos los usos actuales del suelo. Era, por tanto, un documento que, además de su justificación legal, aportaba una concepción global integrada, gracias a un análisis interdisciplinar e integrado que generaba un diagnóstico entorno a diferentes aspectos, y un conjunto de diseños específicos y puntuales, que permitirían revertir buena parte de los aspectos negativos entonces observados, favoreciendo la recuperación de la estructura y funcionalidad del río, considerado como un sistema continuo permitiendo su utilización ciudadana en términos sostenibles.
El objetivo global de ese Plan Especial era crear un gran parque continuo de características tanto urbanas como rústicas, según sus aptitudes, a lo largo de las orillas del Río Tormes y el Arroyo del Zurguén. Esto se concretaba y articulaba con objetivos sectoriales y funcionales: estrategias generales de actuación, elementos de ordenación, actuaciones y planificación de la ejecución.
El Ayuntamiento de Salamanca, tras la sentencia judicial, en vez de volver a tramitar la redacción y aprobación del Plan Especial ha preferido, aun contraviniendo la legislación urbanística, mantener una situación en la que falta ese documento de planificación y protección, con lo que ello significa.
Tormes+
En los últimos meses el Ayuntamiento de Salamanca ha redactado un proyecto, o serie de actuaciones concretas, a desarrollar al margen de la existencia de un Plan Especial de Protección. Dicho proyecto, denominado ‘Tormes+’, ha sido presentado en una serie de reuniones informativas ante diferentes actores (asociaciones vecinales, Consejo Sectorial Municipal, etc.) de la ciudad.
El proyecto municipal ‘Tormes+0 resulta innecesario, si existiese un Plan Especial de Protección para el Río Tormes, puesto que ese es el documento que debe abordar la complejidad de la problemática asociada al río en base a un análisis interdisciplinar el cual, a través del correspondiente diagnóstico y propuestas, venga a establecer, por un lado, el nivel más detallado posible del tratamiento urbanístico, y, por otro señale los objetivos concretos y normas para los futuros proyectos de intervención, acotando sus límites y características que deben estar supeditadas a la imagen objetivo final que se desea para el río.
El proyecto municipal ‘Tormes+’ también se presenta como insuficiente, ya que un Plan Especial de Protección, al menos como el aprobado en el año 2010, estaría interviniendo y planificando sobre cerca de 450 hectáreas; y, finalmente, destaca por ser un mero “lavado de cara”, en base a la ejecución de una serie de inversiones relacionadas con el ocio y la naturaleza que, como se ha expresado, su planteamiento carece de la justificación deseable.
