De la patada en la puerta a la patada en la boca

[dropcap]E[/dropcap]s más que evidente que el Partido Popular ha confundido mayoría absoluta con el absolutismo, no sólo en la práctica ya habitual del rodillo a la hora de legislar en contra del sentir del resto de grupos parlamentarios, y por tanto de los ciudadanos a quienes representan, sino también a la hora de hacer cumplir las leyes habiendo instaurado un sistema policial sin precedentes.

Hoy, más que nunca, se habla de la necesidad de una nueva transición, algo a lo que durante mi época de letargo y conformismo con el sistema establecido me resistí bajo el convencimiento de que el estado constitucional daba respuesta a toda la casuística y problemática social existente. Un letargo, o más bien un estado onírico producido por el bienestar social, del que el duro despertar provocado por las estafas del poder financiero y también político me hizo sentir totalmente vulnerable y por ende indignado ante tanta injusticia social.

Como miles de personas me eché a la calle a demandar lo que era mío, de todos, y que nos habían arrebatado para con ello evitar, según ellos, un desplome total de las economías de la vieja Europa, inyectando nuestro dinero al sistema financiero, bajo el nombre de rescate, del que han salido beneficiado sus gestores a pesar de su pésima labor y sus abusos de poder. Y con ello se hizo realidad un proverbio japonés que dice así “Deru kui wa utareru» que sería traducido cómo «El clavo que sobresale recibirá el martillazo», lo cual viene a significar que «El diferente (el inconformista) será reprimido», aprobándose con ello la “Ley Mordaza” bajo el eufemismo de “Ley de Seguridad Ciudadana” que hoy estrenamos acompañada de una reforma sustancia del Código Penal con la oposición de organizaciones estatales e internacionales, de la práctica totalidad de los partidos de la oposición y de más de un 80% de la población española–según una encuesta elaborada por Metroscopia–.

[pull_quote_left]Hoy, más que nunca, se habla de la necesidad de una nueva transición, algo a lo que durante mi época de letargo y conformismo con el sistema establecido me resistí bajo el convencimiento de que el estado constitucional daba respuesta a toda la casuística y problemática social existente. [/pull_quote_left]El que la ONU está preocupada por lo que se está haciendo España con los derechos humanos, instando al gobierno que la ha aprobado a su retirada, porque, y lo transcribo textualmente: «amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos» y «socavan los derechos de manifestación y expresión» en el país, no es más que una evidencia de lo que sus ciudadanas y ciudadanos tenemos que soportar a quienes su única forma de gobernar consiste en el recorte de derechos y libertades, ejerciendo una política de represión sin precedentes, a no ser aquella de la época en que la policía vestía de gris, pasando como han dicho algunos de la ley de la patada en la puerta de Corcuera a la ley de la patada en la boca.

El rodillo al que me he referido al principio hoy más que nunca nos pasa por encima llevándose por delante a quienes no nos doblegamos a este fundamentalismo de un gobierno que llama radicales a quienes no pensamos como ellos, y mucho menos nos resignamos a sus políticas totalitarias y a sus tejemanejes y chanchullos encaminados a llenarse los bolsillos mientras a la ciudadanía se le niega derechos y servicios básicos.

No estoy exagerando al decir que este Ley puede considerarse inconstitucional por la colisión directa con derechos fundamentales y libertades públicas que la propia Constitución de 1978 reconoce, pero lo peor de todo es que supone indudablemente una merma de nuestros derechos procesales, cuyo primer atentando ya lo protagonizó el ex-ministro de justicia Gallardón con la imposición de las tasas judiciales, primer obstáculo a la tutela judicial efectiva; sino que ahora la Administración, y no precisamente la de justicia, se convierte en juez y parte de conductas que antes constituían faltas penales y que ahora pasan a engrosar el catálogo de infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, donde el presunto infractor es quien tiene que demostrar su inocencia y el testimonio policial se convierte en la prueba privilegiada.

Los derechos a manifestarse pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática, pero ya sabemos como piensa y actúa el Partido Popular, todavía sigue creyendo en aquella práctica docente de épocas pasadas de que “la letra con sangre entra”, habiendo convertido esta patética ley en una respuesta a las numerosas manifestaciones que las ciudadanas y ciudadanos de bien hemos protagonizado ante sus sangrantes políticas. En definitiva, merma y limita marcadamente el derecho de reunión y puede criminalizar a su antojo la manifestación pacífica, para de esta manera mantenernos callados y cortar la cabeza a quien vaya en su contra.

[pull_quote_left]Los derechos a manifestarse pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática[/pull_quote_left]Quiero pensar que a partir de ahora en que, como dijo el ilustre periodista Iñaki Gabilondo, la justicia ha dejado de ser ciega para pasar a ser tuerta y ver muy bien con el ojo derecho, deje de haber tanto españolito indolente y que empiecen a despertar y ver que la respuesta a tanto abuso de poder precisamente es ejercitar los derechos que tanto nos ha costado alcanzar y por los que algunos de nuestros predecesores en la lucha dieron su sangre, y que este gobierno represor y de doble moral nos han arrebatado o por lo menos lo pretenden, con leyes y reformas legislativas del derecho penal de tintes tan represivos como a las que me estoy refiriendo.

Tenemos que pensar y actuar bajo el convencimiento de que el poder es nuestro, no sólo porque lo diga la Constitución al afirmar que la soberanía nacional reside en el pueblo español, sino porque nuestro voto es tan valioso que puede derrotar gobiernos como el de ahora para cuyos integrantes el dialogo y la oposición no existe, así como terminar con un bipartidismo hegemónico que ha moldeado un sistema para resultar imprescindibles, junto a otros compañeros de viaje como los sindicatos, asociaciones y organizaciones empresariales y otros tinte aparentemente social, que tanto han mamado de la teta del estado que la han dejado totalmente seca; para iniciar una segunda transición en la que todos tomemos conciencia que, nosotros, las personas, debemos ser los destinatarios de la gestión de los políticos dejando de ser simplemente un número en un ordenador, lo cual exige nuestra participación activa, porque si seguimos dejando que la política la hagan ellos ya sabemos los resultados.

Pretenden cosernos la boca, pero no lo van a conseguir por muchas leyes que aprueben y muchos porrazos que nos peguen, ejerzamos nuestros derechos porque si dejamos de hacerlo habrán vencido.

Quiero una ley de seguridad ciudadana y no una ley mordaza que me tape la boca por la fuerza. Quiero una policía que garantice y defienda mis derechos y no una policía marioneta “manu militari”.

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