Lucía Risueño es licenciada en Psicología Social y del Trabajo: mejorar la vida de las personas en su vida laboral – PRL y está preparando su tesis doctoral sobre “La Ergonomía Laboral Preventiva: más allá de la Ley de Prevención”, es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales y asesor de trabajadores y empresas
[dropcap]D[/dropcap]esde que en el pasado mes de diciembre, la Ley 35/2014, conocida como “Ley de Mutuas”, obligaba a estas a desprenderse de sus sociedades de prevención, el sector ha estado atento a los movimientos de venta y reconfiguración que se han generado para su cumplimiento.
La desinversión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social tenían, como fecha límite, el pasado martes, 30 de junio; por tanto, a día de hoy, deben ser efectivas en su totalidad la venta a compañías privadas.
Sin embargo, el resultado final alcanzado, se sospecha, está cercano a vulnerar la legislación vigente, según los datos presentados por ASPRECAT (Asociación Catalana de Entidades Preventivas Acreditadas), en la jornada organizada por la patronal catalana “Foment del Treball”, el pasado 9 de junio, dedicada a analizar el fututo de los Servicios de Prevención Ajenos, tras los inminentes cambios.
Según la gráfica adjunta, perteneciente a dicha infografía, sólo el grupo empresarial, IDC Salud, se habría hecho con casi el 44% del mercado de las sociedades de prevención, al adquirir las sociedades de prevención más grandes: Fremap, Fraternidad Muprespa, Unipresalud y MC Prevención.
Los servicios de prevención de las mutuas, han supuesto en torno al 65% del mercado global de la PRL en España, lo cual hace que IDC Salud supere el 28% del total.Esta cantidad está muy cercana al 30%, que estipula la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, como límite para realizar el procedimiento de control establecido en su capítulo III, por tanto, no permitirá a este grupo crecer mucho más, si no quiere exceder esta condición.
Lejos de conseguir estabilidad, entre los representantes de los servicios de prevención se sigue percibiendo que el mercado generado por la necesaria gestión de esta obligación legal por parte de las empresas españolas (especialmente de las Pymes, ya que las grandes empresas suelen contar con sus propios técnicos), sigue sin percibirse equitativo, en cuanto a un reparto justo de la libre competencia.
Se presume que esta cuestión, seguirá reflejándose en conflictos que produzcan cambios y más cambios que, aunque aún se desconoce la influencia que tendrá en la calidad y coste del servicio, se sospecha, no tiene visos de que provoque mejoras, mientras la facturación de las otras sea la preocupación de estas empresas, cuyo objetivo principal realmente debería ser la consecución real de la salubridad laboral y erradicación de la siniestralidad.
No es extraño, que, tras tanto revuelo, las administraciones públicas a nivel nacional y europeo, estén potenciando la posibilidad de que el propio empresario (con la colaboración de asesores externos, si lo requirieran), asuma esta parte de la gestión de su empresa, procurando una mayor efectividad, gracias a los sencillos métodos que están diseñando.
Para mayor información y una mejor comprensión de la información se adjunta un esquema perteneciente a dicha infografía, sobre la reconfiguración actual de dichas entidades preventivas.
Fuente: AEPSAL// www.aepsal.com
Más información en: Asesoría en Prevención de Riesgos Laborales
