Los castellanos y leoneses trabajan 212 días al año para pagar los impuestos de obligado cumplimento, 17 más que en 2021, según los cálculos de la Fundación Civismo. En este sentido el director de la entidad, Albert Guivernau, apuntó que el incremento de la carga impositiva junto con el aumento del nivel de precios y el estancamiento de los salarios por el déficit de productividad de la economía española hacen que los españoles deban destinar siete meses de su trabajo a pagar tributos.
ICAL. Un comunicado de la Fundación añadió que la alta presión fiscal sobre las familias españolas, una consecuencia directa de la crisis sanitaria y económica parece haberse convertido en una característica “permanente” de la economía española. “La combinación de ingresos estancados y la creciente carga tributaria ha mantenido la presión fiscal en niveles elevados, afectando significativamente la economía doméstica”, precisó.
En este contexto, destacó que la deflactación del IRPF se presenta como una herramienta “fundamental” para mantener la equidad tributaria frente al aumento del coste de vida. Este enfoque ajusta los tramos impositivos para evitar que los contribuyentes experimenten mayores cargas fiscales simplemente debido a la inflación. Las diferencias en la presión fiscal entre las comunidades autónomas generan un impacto significativo. Madrid, Andalucía y Castilla y León destacan por rebajar impuestos, mientras que Cataluña presenta una carga fiscal más alta.
Estas disparidades, apuntó el informe de la Fundación Civitas, se reflejan en variaciones de hasta un siete por ciento en el IRPF por una misma renta anual bruta de 23.985 euros. Además, se observan diferencias en la fecha de liberación fiscal, que va desde el 22 de julio en el País Vasco hasta el 4 de agosto en Cataluña, reflejando el impacto de las distintas políticas fiscales autonómicas en los ciudadanos. En el caso de Castilla y León es el 30 de julio, fecha a partir de la cual toda la renta queda disponible para consumir y ahorrar.
