Varios paros afectarán a los viajeros que utilicen el tren durante este mes y el que viene en España. Los sindicatos de Renfe y Adif convocan siete días de huelga para protestar por el traspaso de Rodalies (la red de cercanías catalana) a la Generalitat de Cataluña.
La negociación entre el Ministerio de Transportes y el gobierno catalán mediante la que se está llevando este cambio supondrá el “deterioro” de Renfe, al tiempo que perjudicará la seguridad del servicio, según denuncia el Comité General de Empresa (CGE), formado por los sindicatos Semaf, CCOO, UGT, CGT y SF. Además, advierten de “privatizaciones encubiertas” del transporte de Mercancías. Los paros afectarán a todo el país y están programados para los días 17, 19, 24, 26 y 28 de marzo y 1 y 3 de abril..
Los sindicatos llegaron a un acuerdo que paralizó la huelga que tenían prevista en noviembre de 2023, cuando comenzaron las negociaciones para traspasar Rodalies, pero aseguran que este no se está cumpliendo. En aquel momento, el ministro de Transportes, Óscar Puente, garantizó su puesto de trabajo a los trabajadores de Adif y Renfe, una vez que Generalitat de Cataluña fuera responsable de la gestión de la red.
En este sentido, los sindicatos insisten en Puente aseguró que Renfe y Adif seguirían prestando los servicios de Rodalies y Renfe Mercancías en Cataluña y que las plantillas se preservarían en su totalidad.
Además, prometió crear grupos de trabajo y negociación para llegar a soluciones consensuadas. Sin embargo, “estos compromisos han sido vulnerados”, aseguran los convocantes de las huelgas. Desde el Gobierno, se afirma que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mantiene una “voluntad de diálogo”.
Asimismo, los sindicatos desaprueban las medidas pactadas hasta ahora el gobierno catalán, pues “aumentan gastos” y “duplican costes”, pero “no mejoran el servicio”. Al mismo tiempo, lamentan falta de comunicación, ya que Semaf, CCOO, UGT, CGT y SF dicen ser solo “meros receptores de esta información, sin posibilidad de participación en la toma de decisiones”, en especial sobre el traspaso de Rodalies. En este sentido, sostienen que las decisiones tomadas son “diametralmente opuestas a lo pactado” y hablan de una “ruptura total de los acuerdos previos”.
A este respecto, los sindicatos señalan la exclusión de la línea R1 catalana, dedicada al transporte de viajeros, de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) anunciada este 17 de febrero, lo que supondrá “la disminución de los estándares de seguridad”, así como “la pérdida de interoperabilidad con el resto de la red ferroviaria española y europea”. Esto también podría conllevar “sanciones” pues, como recuerdan, estas líneas han sido financiadas con fondos de la UE.
Por otra parte, para el CGE hay una “privatización encubierta” en las gestiones relacionadas con Renfe Mercancías, pues está previsto que se gestione desde una nueva sociedad controlada por la empresa de logística MSC, de carácter privado.
