El enfrentamiento entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno, ambos del PP, como consecuencia de los malos resultados cosechados por el partido en la región ha subido de tono este jueves, cuando el consejero portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, solicitó la destitución del ministro de Industria, José Manuel Soria.
El PSOE y las candidaturas de Valladolid toma la palabra y Sí se puede han llegado a «un planteamiento general», liderado por los socialistas, para impedir que el alcalde vallisoletano en funciones, Javier León de la Riva, del PP, pueda renovar el cargo.
El presidente en funciones de la Junta de Castila y León, Juan Vicente Herrera, pidió este martes a Mariano Rajoy que se mire al espejo antes de decidir si se presenta a la reelección como presidente del Gobierno. Herrera también dejó en el aire su continuidad en la Junta.
Marcos Benavent, ex alto cargo del PP valenciano y exgerente de la empresa pública Imelsa que grabó al presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, contando el dinero de una comisión, afirmo este martes que tiene grabaciones de otras corruptelas que próximamente verán la luz. «Va a salir mierda a punta pala», explicó.
El bipartidismo ha vuelto a sufrir otro golpe en los comicios municipales y autonómicos, después del primero que sufrió hace un año en las elecciones europeas.
El desgaste del PP en las elecciones municipales y autonómicas ha sido extraordinario. El partido conservador, que llegaba tras tocar techo en 2011, ha perdido en estos comicios buena parte de su poder territorial.
Un avión militar Airbus A-400M en fase de pruebas se estrelló este sábado poco antes de las 13 horas durante la maniobra de despegue en el aeropuerto de Sevilla.
El copiloto de Germanwings Andreas Lubitz, presunto responsable de estrellar el avión en los Alpes franceses, habría practicado el descenso pronunciado del avión en el vuelo desde Alemania hacia Barcelona. A la vuelta fue cuando estrelló el aparato.
Tanto el juez Pablo Ruz como el fiscal anticorrupción Antonio Romeral dan por hecho en sus autos y escritos de acusación que el Partido Popular manejó una “contabilidad paralela” o caja B al menos entre 1990 y 2008. No fue solo durante esos años, con Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta como tesoreros.
La Comunidad de Madrid tiene casi 5.000 adultos tutelados por distintos motivos, cuya situación se está viendo envuelta en sombras y muchas dudas sobre si su patrimonio está en riesgo, de si reciben la atención que precisan o si solo la pagan pero no la reciben. De las sospechas no se libra nadie. Ni jueces, ni funcionarios, ni familiares todos ellos movidos por el interés más que por el amor a los seres que algún día quisieron, y amparados por la invisibilidad de estas situaciones que abonan el camino a la impunidad.