La pandemia y el teletrabajo continúan agravando la desigualdad y las tareas domésticas siguen aumentando con nuevas obligaciones. Las mujeres teletrabajan el doble que los hombres para atender a menores y dependientes a su cargo y esta modalidad laboral está lejos de ser una vía para la conciliación real si no va acompañada de medidas que fomenten la corresponsabilidad.
La Junta de Castilla y León limita la aplicación del teletrabajo al ámbito del personal funcionario y laboral de la Administración General de la Comunidad y órganos autónomos dependientes de ésta, de manera que quedan fuera de esta modalidad no presencial los empleados públicos sanitarios, los docentes y trabajadores de residencias y servicios sociales, excepto los administrativos de las tres áreas.
Este martes entra en vigor el decreto que regula el trabajo a distancia que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 30 por ciento de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, destacó este martes que el decreto que regula el trabajo a distancia “inaugura una ola de reformas legislativas” incardinadas “en el siglo XXI” y contribuirá a aumentar la competitividad de la economía española y la productividad.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) llega a un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el resto de organizaciones sindicales sobre el teletrabajo para el conjunto de las empleadas y empleados públicos de toda España (Administración General del Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones,…
La Junta de Castilla y León permitirá que sus empleados públicos puedan teletrabajar en casos de menores de 14 años y de personas dependientes a su cargo, si bien en el caso de dos convivientes se excluye de esta modalidad a uno de ellos.
