La realidad se ha impuesto a los planes urbanísticos de hace años, que perseguían poner suelo a disposición del sector de la construcción. Ahora, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente continúa con la reconversión inmobiliaria que se traducirá en la anulación este 19 de octubre de 210 áreas en Castilla y León, con una superficie de 27.580 hectáreas, equivalente a la mitad de la isla de Ibiza, que en conjunto tenían capacidad para edificar un millón de viviendas.
J.A./ ICAL. En Salamanca, 12 municipios se verán afectados, o no, con este cambio: Aldeatejada, Ciudad Rodrigo, Fresno Alhándiga, Madroñal, Monforte de la Sierra, Monterrubio de la Armuña, Morasverdes, Puerto de Béjar, Salamanca, Tamames, Terradillos y Vitigudino.
Estos municipios contaban con 86.353.524 metros2 (8.635,35 ha) para construir alrededor de 32.000 viviendas, que ahora no se edificaron, por lo que este suelo vuelve a catalogarse como rústico.
En Salamanca capital, desaparecerán tres áreas -Las Peñiscas II, Los Claudios y Los Pisones- que suman 2,79 millones de metros (279 ha), donde estaban previstas 19.500 viviendas.
No es la primera vez
Fomento prepara la aplicación en unas semanas de una disposición transitoria de la Ley de Medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo del Estado, aprobada en 2014. Esta norma estableció los plazos para demostrar la viabilidad de los terrenos clasificados en su día como suelo urbanizable.
Tras acabar con otros 100 millones de metros sin ordenación en octubre de 2016, dos años después la Consejería vuelve a someter a este examen a otros 275 millones de metros cuadrados de terrenos urbanizables sin delimitación. De esta forma, aquellos cuya ordenación detallada no haya sido aprobada definitivamente antes del 19 de octubre quedarán clasificados automáticamente como suelo rústico común, lo que facilita a los ayuntamientos la adaptación al nuevo escenario.
La Consejería, además, contactó hace tiempo para que los municipios afectados, entre ellos, capitales de provincia, pudieran presentar alegaciones o promover planeamientos durante medio año. Con esta medida, el departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones responde a su «compromiso de facilitar un desarrollo urbano sostenible y respetuoso con el medio ambiente, al eliminar las previsiones fallidas de desarrollo que a día de hoy suponen un lastre para los municipios afectados».
Esta desclasificación, que afectará a un total de 88 municipios de la Comunidad, tendrá una nueva oleada, en virtud de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, en cuatro años, en concreto, en octubre de 2022. Afectará al suelo urbanizable «delimitado» que no haya sido desarrollado. La norma de 2014 dio a estos terrenos el plazo más amplio, ocho años. De esta forma, el proceso de ajuste en la ordenación territorial de la Comunidad concluirá tras tres modificaciones en seis años.
Capitales de provincia
Cuatro capitales de Castilla y León perderán suelo urbano. Así en Palencia la medida afectará a tres ámbitos para uso residencial e industrial, que suman en conjunto 2,95 millones de metros cuadrados, con espacio para 14.300 viviendas.
Como se ha señalado, en la ciudad de Salamanca desaparecerán otras tres áreas -Las Peñiscas II, Los Claudios y Los Pisones- que suman 2,79 millones de metros, donde estaban previstas 19.500 viviendas.
Igualmente, en Soria capital pasarán a ser suelo rústico cinco ámbitos residenciales con una superficie de 18,8 millones de metros cuadrados -1.884 hectáreas-, en los que hace una década estaban previstas como máximo 131.902 viviendas.
No obstante, la ciudad más afectada por los cambios será Valladolid, con 15 zonas -cuatro industriales y una mixta- que superan los 34 millones de metros cuadrados -3.409 hectáreas- en los que como máximo se podían autorizar 217.293 viviendas.
En el mundo rural
En cuanto al medio rural, destacan dos municipios en los que se desclasificarán 8.300 hectáreas. Se trata de Torquemada (Palencia), que con menos de un millar de habitantes, perderá 5.396 hectáreas en tres ámbitos, con espacio para 162.000 casas como máximo. Igualmente, volverán a ser suelo rústico 3.806 hectáreas en Coca (Segovia), que contaba con dos zonas de terrenos urbanizables -SAU Ciruelos y SAU Coca-, para 114.000 viviendas.
Por provincias, un total de 13 municipios de Ávila se ven afectados por esta medida: Burgohondo, Candeleda, Cebreros, Fresnedilla, Guisando, Higuera de las Dueñas, Madrigal de las Altas Torres, Mombeltrán, Navahondilla, Navarredonda de Gredos, Las Navas del Marqués, Piedralaves y San Bartolomé de Pinares.
Burgos sumará 12 muncipios: Covarrubias, Ibeas de Juarros, Melgar de Fernamental, Miranda de Ebro, Palacios de la Sierra, Pineda de la Sierra, Rabé de las Calzadas, Sotragero, La Vid y Barrios, Villalbilla de Burgos, Villalmanzo y Merindad de Río Ubierna.
En León son 13: Bembibre, Cubillas de Rueda, Ponferrada, Rioseco de Tapia, Sahagún, San Justo de la Vega, Sariegos, Valdefresno, Valderas, Valencia de Don Juan, Valverde de la Virgen, Villafranca del Bierzo y Villaquejida; seis de Palencia: Becerril de Campos, Carrión de los Condes, Mantinos, Palencia, Torquemada y Villalobón.
En Salamanca, 12: Aldeatejada, Ciudad Rodrigo, Fresno Alhándiga, Madroñal, Monforte de la Sierra, Monterrubio de la Armuña, Morasverdes, Puerto de Béjar, Salamanca, Tamames, Terradillos y Vitigudino.
También 12 en Segovia: Casla, Cerezo de Arriba, Coca, Fresno de la Fuente, Grajera, La Lastrilla, La Losa, Monterrubio, Oteros de Herreros, Prádena, Torrecaballeros y Villacastín; cuatro en Soria: Almazán, Covaleda, Soria y Valdeavellano de Tera.
Por último, 13 en Valladolid: Alcazarén, Aldeamayor de San Martín, Boecillo, Geria, Laguna de Duero, Medina del Campo, Montemayor de Pililla; Olmedo, La Parrilla, Portillo, Tordesillas, Valladolid y Villanueva del Duero, y tres en Zamora: Benavente, Valdescorriel y Villabrázaro.
