La Diputación celebra estos días un curso para 26 técnicos y representantes de diversos ayuntamientos y mancomunidades (estaba programado para 40 participantes pero no ha existido suficiente demanda), con una duración de 40 horas, la mitad de ellos teóricas, relacionado con la prevención de riesgos de contaminación medioambiental por aguas residuales, una acción formativa impartida por la Diputación de Salamanca que se integra en el programa de cooperación transfronteriza POCTEP.
Ganemos considera que se trata de «un precio excesivo y desproporcionado. Es necesario dotar de conocimiento experto y capacidad de respuesta a los empleados, técnicos y cargos públicos de las entidades locales, para prevenir posibles daños al medio ambiente; pero da la sensación que los fondos europeos están para gastarlos sin mesura ni control desde las instituciones locales, como si no procediera de los contribuyentes ni hubiera que dar cuenta de los mismos, siendo más importante que llegue dinero de Europa que no cómo se gestiona y para qué».
Además, afirma que «el proceso de adjudicación aparenta ciertas irregularidades, ya que el curso ha dado comienzo esta semana, sin que ni siquiera se haya adjudicado formalmente. No fue hasta el mismo viernes pasado que tuvimos noticia del mismo, cuando el diputado de Medio Ambiente informó de su celebración, desatando las críticas del resto de grupos de la oposición, que solicitaron la documentación sobre las características del contrato».
Otro caso
A esta adjudicación a la empresa Aquimisa se suma la que en semanas pasadas recibió otra habitual concesionaria de la Diputación, a la cual se le adjudicó por negociado sin publicidad un contrato para la realización de una campaña de prevención de riesgos tecnológicos, también con cargo a fondos europeos, por valor de más de 40.000€.
En este caso, afirma Ganemos, «los compañeros del Partido Socialista evidenciaron ciertos datos sospechosos, como la escasez de empresas invitadas, la similitud de precios ofertados con pequeñas bajas y especialmente la presunta relación familiar entre los propietarios y administradores de las empresas licitadoras. Los grupos políticos solicitamos la documentación sobre el mismo, que todavía estamos esperando«.
