En busca de una solución para El Corte Inglés

• El TSJCyL confirma la anulación de la licencia urbanística para su construcción
• El alcalde dice que ese convenio se hizo hace 10 años y que él no tuvo nada que ver, y que las compensaciones a la ciudad tienen que verlas Equo y el centro comercial
• Los ecologistas tratarán de presentar una moción de censura contra Mañueco

El Tribunal Superior de Castilla y León ha desestimado el recurso de apelación de El Corte Inglés y declara firme la nulidad de la licencia urbanística que permitió la construcción del centro comercial. Esta situación complicada, según Equo (que promovió las acciones judiciales), es culpa de la mala gestión de Mañueco y el PP, por lo que quiere promover una moción de censura contra su gobierno.

El Corte Inglés es judicialmente «ilegal» por carecer de una licencia urbanística después de que el Ayuntamiento les cediera el terreno del antiguo cuartel militar. Actualmente, la corporación podría cerrar sus puertas si un ciudadano decidiera ejecutar la sentencia en un plazo de 15 años. Los representantes de Equo, Marta Santos y Manuel Serrano, han explicado que esta situación, que pone en peligro muchos puestos de trabajo, podría haberse evitado, ya que estuvieron a punto de firmar una negociación pero el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, la suspendió por la proximidad de las elecciones municipales.

Ahora que se ha publicado la resolución, tal y como han expresado desde Equo, “la pelota está en el tejado del Ayuntamiento” y son ellos quienes deben actuar y resolver la situación. “El Ayuntamiento sabe lo que tiene que hacer”, pero “lo hace cuando le interesa”. De hecho, no es la primera vez que el Ayuntamiento no hace nada tras conocer la nulidad de una licencia. Vialia, el Hotel Corona Sol o el parque de maquinaria de Huerta Otea son otros ejemplos de construcciones que actualmente funcionan ilegalmente porque al Ayuntamiento le conviene.

Equo no está interesado en cerrar el centro comercial y son partidarios de encontrar una solución coherente. Para los ecologistas la solución está muy clara. Quieren promover una moción de censura contra Mañueco y el PP, pues consideran que «Salamanca no se merece un gobierno que no sepa afrontar esta clase de conflictos».

La solución

Para ellos una solución pasaría por reunirse con El Corte Inglés y realizar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, obligando a la empresa a pagar lo que corresponde y compensar a la ciudad por edificar de más, costeando, por ejemplo, el Jardín de las Adoratrices o un centro cultural.

El alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, dijo que para que prospere una moción de censura hacen falta 14 votos, y señaló que cuando se firmó el convenio entre el Consistorio, el Ministerio de Defensa y El Corte Inglés, él no tenía nada que ver y que estamos ante la necesidad de «resolver una cuestión formal jurídico-urbanística que procede de hace 10 años».

Anunció la convocatoria, este lunes, de una junta de portavoces de los cuatro grupos municipales «para dialogar y llegar a un acuerdo para resolver este asunto«.

Compensaciones

Sobre las posibles compensaciones por parte del centro comercial para resarcir a la ciudad, Mañueco dijo que eso tendrían que tratarlo la parte demandante (Equo) y la demandada.

El Grupo Municipal de Ciudadanos, por su parte, solicitará «explicaciones y responsabilidades a la corporación actual, que pese a no ser la misma que aprobó el convenio con el ministerio de defensa para la construcción de El Corte Inglés, sí conserva numerosos concejales de los dos grupos presentes en aquella legislatura, que poseían responsabilidades entonces y ahora».

C’s asegura que «era evidente que el señor Mañueco iba a echar balones fuera, como así ha hecho en la rueda de prensa, culpando a la corporación anterior de estos hechos y aprovechando para resaltar los ‘beneficios’ que este PGOU dejó en el barrio de Garrido con su pertinente modernización. No obstante, y sin afán de buscar más responsables que soluciones, aprovecharemos la Junta de Portavoces para dejar claro al equipo de Gobierno que no pasaremos por alto ninguna irregularidad y pediremos todas las responsabilidades políticas que sean necesarias, sin olvidar que en este tipo de procesos debe primar el interés público de todos los salmantinos y en ningún caso un interés privado o empresarial».

Texto: Paula Castro Morán / La Crónica