José Luis Hernández y Emilio Pérez, secretarios provinciales de UGT y CCOO, respectivamente, afirmaron este viernes que tras la publicación del Plan Estratégico Integrado 2016/20, es “inexcusable convocatoria del Consejo Social de Salamanca”. Tras conocer las cifras de dinero que recibirán las instituciones, exigen participar en la gestión de esos fondos para evitar que terminen en clientelismo.
Los sindicatos han querido hacer público a nivel provincial el contenido de los acuerdos tomados el 17 de enero entre la Junta, las organizaciones sindicales y los representantes de empresarios. De ahí surge el Plan Estratégico Integrado 2016/20 por el cual se repartirán 700 millones de euros entre las provincias de Castilla y León para un periodo de 5 años. De este dinero, 668.310€ van la para Diputación de Salamanca para 2016 y 555.522€ para el Ayuntamiento.
Estos acontecimientos suponen una “inexcusable convocatoria del Consejo Social de Salamanca”. Los sindicatos no van a permitir que su convocatoria se dilate por más tiempo y exigen su urgencia. Tal como recoge la ley, una de las partes puede convocarlo de forma unilateral para tratar temas de urgencia, por lo que los sindicatos harán uso de ese derecho si fuera necesario. Los temas a tratar son cinco: empleo, ayudas de emergencia, empleo juvenil, plan de conciliación de horario laboral y familiar, ayudas para alquiler y seguridad laboral.
La razón por la cual quieren convocar el Consejo con urgencia es porque están al tanto de cuánto dinero se va a recibir y cuándo, pero queda su gestión, es decir, para quiénes irá ese dinero y para qué. “Basta de monopolio de gestión de recursos”, ha declarado Emilio Pérez. A partir de ahora CCOO y UGT quieren participar en las decisiones de gestión de dichos fondos para evitar el clientelismo y que se inviertan en “los amigos de quien gobierna”.
Quieren “advertir al Ayuntamiento de que ya estamos en condiciones de tomar medidas urgentes”. Según han informado los secretarios provinciales, las instituciones tienen la obligación de negociarlo en el Consejo con los agentes sociales y los sindicatos pretenden cambiar la forma de determinar los contratos y establecer prioridades. Hasta ahora las instituciones no han dado explicaciones de en qué invierten esos fondos y los sindicatos exigen estar al tanto.
Texto y foto: Paula Castro Morán
