La Guardia Civil desarticula una banda que engañaba por un puesto de trabajo

La Guardia Civil desarticula una banda organizada que se dedicaba a estafar a personas sin trabajo.

 

Ofrecían la posibilidad de ocupar plazas en la Administración Pública, sin sufrir examen alguno, a cambio de pagar ciertas cantidades de dinero por parte de los interesados.

 

Efectivos del Grupo de Delincuencia Organizada Antidroga “EDOA” de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila, han detenido a ocho personas que formaban parte de un grupo organizado a las que se le acusa de delitos de estafa, blanqueo de capitales y usurpación de funciones públicas, dentro del marco de la “Operación Moscoso”.

A finales del pasado año, se tuvo conocimiento de que en varias poblaciones de Ávila se estaba ofreciendo la posibilidad de ocupar plazas en la Administración Pública, sin sufrir examen alguno, a cambio de pagar ciertas cantidades de dinero por parte de los interesados. Ahondando en la investigación, finalmente se determina la existencia de un grupo organizado con funciones jerarquizadas el cual se dedicaba a cometer un delito continuado contra el patrimonio basado en “estafa”, asimilando al fraude, timo y engaño.

Se averiguó la participación directa de un individuo haciéndose pasar por inspector del Ministerio de Educación y Ciencia que, apoyado por un grupo estructurado y ubicado en otras provincias se dedicaban a la captación de personas principalmente desempleados, sin actividad laboral conocida, a las cuales tras una primera entrevista este individuo ofrecía a sus víctimas distintos puestos de trabajo de la Administración Pública, en concreto puestos tales como coordinadores, técnicos, conserjes, etc., todo ello a cambio de considerables cantidades de dinero que oscilaban entre los 500 y 3000 euros por participante, que tendrían que abonar en un número de cuenta, o en efectivo a los estafadores a cambio de acceder a los llamados puestos de la Administración en su modalidad de “libre designación”.

Asimismo, se determinó la existencia de tres focos de estafadores ubicados en Ávila, León y Toledo, provincias en las cuales cada uno de ellos captaba a sus víctimas, cuyo jefe sería el que decía ser el inspector del Ministerio, principal objetivo y residente en Ávila capital.

Tras ganarse la confianza de estas personas, que por lo general carecían de trabajo estable o sin él desde hace tiempo, accedían a las pretensiones de los estafadores, optando por pagar la cantidad de dinero que se les solicitaba; todo ello en base a apertura de expediente y otros trámites falsos.

Para conseguir la confianza de los estafadores, facilitaban números de cuenta bancaria a las víctimas para realizar sus ingresos, solicitándoles documentación personal a cada una de ellas; llegando incluso a la devolución de la cantidad ingresada de aquellas personas que sospechaban del engaño que podrían estar sufriendo. De esta manera hacían ver a los demás afectados que la operación realizada era de total legalidad.

Una vez analizadas estas cuentas bancarias se ha contabilizado hasta el momento la cantidad de 96.000 euros estafados, destacando además de la cantidad anotada otro tanto de dinero superior ya que algunos perjudicados habrían pagado en mano a los estafadores, estimándose, que hasta el momento, ha podido afectar el engaño a unas 200 personas.

El modus operandi versa en una teoría simple, pero sofisticada aplicación. En pocas palabras, las mismas se presentan como “holdings” que intervienen el dinero sólo y exclusivamente para optar a una plaza en el mercado laboral. El objetivo de los estafadores entablar una conversación con cada una de sus víctimas personalmente, presumiendo que no hay nada que esconder.

La estafa en cuestión está basada mediante un sistema estructurado, donde en realidad las nuevas víctimas pagaban con el fin de obtener su soñado puesto de trabajo, agravándose la situación de estas personas ya que son sensibles a no haber podido optar por un trabajo remunerado desde hace tiempo; así como su precaria situación económica al carecer del mismo.

Los estafadores a la hora de cometer este tipo de delito utilizaban lo que en el ámbito de la comunicación, marketing y la psicología de sus víctimas estrategias persuasivas, todo ello para llevar a éstas a una total credibilidad de sus actos.

Su primer objetivo consistía en conseguir que cada víctima creyera fehacientemente en la realidad de la oferta de trabajo que se le presentaba, de tal forma que los estafadores establecían conversaciones telefónicas y personales con sus víctimas para de esa manera ganarse su confianza. Con todo ello, incluso crearon grupos de Whatsapp entre todos ellos para esta informados de las fechas que los estafadores anunciaban para las correspondientes firmas de los futuros contratos y de tal ansiado puesto de trabajo. Una vez que se aproximaba el día de la firma de los mencionados contratos, el estafador participaba a sus víctimas que había existido cualquier tipo de anomalía en el Gobierno Central y/o Europeo, de tal forma que esas fechas eran aplazadas permanentemente.

Seguidamente la misión de los estafadores ha sido en todo momento ir convenciendo a sus víctimas y reforzando su argumento para presumir de legalidad del anuncio.

Por todo lo cual se ha desarticulado un grupo de profesionales, repartidos por distintas comunidades autónomas, cuyas víctimas del delito residen en las provincias de Ávila, Valladolid, León, Salamanca, Toledo, Ciudad Real, Madrid, Badajoz, Murcia y Valencia, así como otras que pudieran estar afectadas y que están siendo analizadas

La presente información es con el fin de advertir y evitar a los ciudadanos de la existencia de esta clase de estafas, sugiriendo que las personas que estén afectadas y no hayan puesto denuncia al respecto, pueden hacerlo personalmente en la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, a través del teléfono de contacto 92022 44 00, o incluso vía e – mail (dirección de correo electrónico av-cmd-avila-uopj@guardiacivil.orgl), sin dudar en hacerlo, ya que las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones, y de cuyo hecho entiende el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de Ávila. Se estima que en fechas próximas el número de denuncias se incremente al tener ahora conocimiento del fraude que se investiga.

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