La Junta de Castilla y León ha remitido al Consistorio una propuesta de una ordenación urbanística transitoria para que el Ayuntamiento tramite las normas urbanísticas que permitan regularizar la situación de El Corte Inglés, cuya licencia de obras fue anulada por el Tribunal Superior de Castilla y León, poniendo en evidencia una vez más la política urbanística de los sucesivos gobiernos del PP.
En la citada propuesta se encomienda al Ayuntamiento de Salamanca la elaboración y tramitación de la nueva ordenación urbanística del ámbito en el plazo de dos años.
Asimismo se establece la normativa urbanística transitoria hasta que entre vigor la nueva ordenación, determinando que se permitirá el mantenimiento en las condiciones actuales de la edificación, instalaciones y obras de urbanización ya realizadas.
La propuesta también señala que se permitirán las reparaciones estrictamente exigibles para asegurar las condiciones de seguridad y salubridad y las obras parciales de consolidación que no impliquen incrementos de volumen ni cambios de uso.
Solución definitiva
El Ayuntamiento asegura que «con esta ordenación transitoria se aportará mayor estabilidad a la situación de los equipamientos existentes mientras desde el diálogo y debate entre los grupos municipales, pensando en el interés general de Salamanca, se busca una solución urbanística definitiva para solventar un procedimiento pendiente desde hace casi diez años».
El convenio rubricado en verano de 2003 entre el Ayuntamiento de Salamanca, el Ministerio de Defensa y el Corte Inglés, que culminaba casi dos décadas de negociaciones, supuso importantes beneficios para la ciudad de Salamanca. Gracias a este convenio, el Corte Inglés impulsó urbanizaciones e infraestructuras por valor de 10.800.000 euros, además de 700 nuevos puestos de trabajo. El más visible es la plaza de la Concordia y el centro municipal Julian Sánchez El Charro, con polideportivo incluido.
