Juan Vicente Herrera ha presidido este miércoles en Valladolid la firma de dos de las líneas del Plan de Empleo Local de Castilla y León 2016 con 58 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y las nueve diputaciones provinciales.
El conjunto del plan cuenta con una dotación de 57,5 millones de euros, entre los que se incluyen los 10 millones de euros correspondientes a los dos capítulos suscritos este miércoles.
El primer programa suscrito con los municipios de más de 5.000 habitantes deja 1,6 millones de euros en la provincia de Salamanca (ver reparto en el documento adjunto), y es el relativo a la contratación de personas en riesgo de exclusión social (perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía), dotado con un total de 10 millones de euros. Con esta cuantía se prevé contratar aproximadamente a unas 1.000 personas en dicha situación para la realización de obras y servicios de interés general y social.
La subvención asciende a 10.000 euros por contrato a jornada completa por un periodo de 180 días, siendo el importe máximo destinado por municipio de 1.500.000 euros. Los contratos han de formalizarse antes del 1 de mayo de 2016.
El crédito se distribuye en función de dos variables con el mismo peso en el cálculo: por una parte, se ha realizado en función de la media de parados registrados en el municipio durante 2015 y por otra parte, se hace un cálculo en relación con las personas dadas de alta en la localidad como beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Las diputaciones
En segundo lugar, se han firmado convenios con todas las diputaciones provinciales de la Comunidad para financiar los costes de la contratación de trabajadores en situación de desempleo, con el objetivo de realizar obras y servicios de interés general en materia de prevención de incendios, trabajos forestales y de mejora medioambiental. La de Salamanca recibirá 400.000 euros.
En este caso la distribución de las cuantías subvencionadas se ha realizado con el criterio ponderado que ha resultado del cálculo basado en el 50% en función de la tasa de paro de la provincia, el 25% en función de la superficie forestal provincial y el 25 % restante en función del número de incendios provinciales en los últimos 5 años.
Los destinatarios de estos contratos serán desempleados, dando prioridad a los colectivos siguientes: jóvenes menores de 35 años, preferentemente aquellos que no tengan cualificación; mayores de 45 años, especialmente aquellos que hayan agotado sus prestaciones y tengan cargas familiares y, finalmente, los parados de larga y muy larga duración, con especial atención a los que hayan agotado prestaciones, y las personas en riesgo de exclusión social. Sin embargo, se valorará la experiencia en trabajos de carácter forestal y medioambiental. Con esta línea se prevé apoyar la contratación de unos 330 trabajadores.
