La dimisión de Lorenzo Calderón, alcalde de Retortillo y un firme luchador contra la instalación del almacén de residuos radiactivos que la minera Berkeley quería construir en la zona del Yeltes, se ha convertido en una nueva batalla ganada por la empresa australiana para acabar abriendo la mina de uranio y el almacén de residuos en el oeste de la provincia.
Calderón se ha visto traicionado por los otros dos ediles del PSOE en el municipio (hay tres socialistas y dos del PP), Manuel Francisco Hernández y Juan Francisco Matías, primero en su lucha contra el almacén de residuos radiactivos que afectaría a Retortillo, Villavieja de Yeltes, Villares de Yeltes y Alameda de Gardón, y a partir de ahí en otras decisiones de menor calado que han ido minando la confianza entre ellos hasta desembocar en su marcha.
Calderón llevaba en su programa electoral la consulta popular para que los vecinos dijeran si querían o no la mina y el almacén de residuos radiactivos en su pueblo. Como el Consejo de Ministros no lo autorizó, esa idea quedó desechada.
Posteriormente, se produjo el primer desengaño de Calderón con sus dos compañeros de partido. Fue cuando la Confederación Hidrográfica del Duero abrió el periodo de alegaciones a la autorización a Berkeley para utilizar el agua del río Yeltes para limpiar la tierra separada del mineral extraído de la mina, y devolver esas aguas al cauce del Yeltes.
Para su sorpresa hubo cuatro votos en contra de alegar por uno solo, el suyo, a favor de recurrir la autorización. «No comparto esa opción, pero la decisión se tomó por mayoría y yo la acepté porque soy demócrata», explica el exalcalde de Retortillo.
Residuos radiactivos
Calderón habría aceptado la mina de uranio «porque en sí no es problema y da trabajo», pero lo que le hizo combatir el proyecto de Berkeley, además del uso de las aguas del Yeltes, es su intención de construir un almacén de residuos radiactivos, «un cementerio nuclear» que afectaría a los municipios de Villares de Yeltes, Villavieja, Retortillo y, ya en La Raya con Portugal, a Alameda de Gardón, lo cual ha suscitado la protesta de los ecologistas lusos. «Ya que somos pobres, fíjate si ponen en esta zona un cementerio nuclear», recalca Calderón.
Paralelamente, aumentaba la brecha entre el alcalde y los otros dos concejales socialistas, que a sus espaldas acudieron al diputado del PSOE en la zona y concejal de Ciudad Rodrigo, Carlos Fernández Chanca, para decirle que «la mayoría de los vecinos del pueblo estaban contra mi forma de actuar«, relata el alcalde dimisionario, y que (Chanca) debía elegir «entre ellos y yo. Yo quiero lo mejor para mi pueblo, que es donde nací. Soy demócrata y acepto la mayoría, aunque no comparta sus decisiones, pero para estar de alcalde y no pintar nada me voy, porque los votos los tienen otros. Dimito porque no tengo la confianza de los otros dos concejales del PSOE. ¿Para qué quiero ser alcalde si cuando se plantea cualquier cosa la mayoría está en otro lado? Yo dejo la vía libre para que el pueblo salga beneficiado de los posicionamientos que se tomen a partir de ahora», comenta Calderón.
Intereses
Los dos concejales del PP, Andrés Matías y Eustaquio Martín, trabajan para Berkeley, y el anterior alcalde, Javier Santamartina, también del PP, vendió en 2012 una finca de su propiedad a la compañí aminera por 197.000 euros, el doble de su precio de mercado para instalar allí sus oficinas. Esta operación se cerró meses después de que la minera iniciara la tramitación de los permisos ante la Junta y ante el propio Ayuntamiento.
Lo que queda por saber son los motivos por los que los dos ediles del PSOE han conspirado contra él y se han alineado con los del PP en la votación para evitar las alegaciones ante la CHD y sobre otros asuntos de menor enjundia propuestos por el alcalde que le han empujado a presentar su renuncia. El último, la supresión de las vaquillas de las fiestas de junio y destinar ese dinero a contratar a alguien en el pueblo. La propuesta se votó en el pleno de presupuestos del pasado 18 de marzo, y Calderón volvió a quedarse solo. Fue el detonante y lo que se quiere utilizar desde el otro frente para justificar su dimisión.
Está orgulloso de haber conseguido reducir ya este año un 10% el IBI (quería bajarlo un 25% en la legislatura), pero se va con la espina clavada de no haber podido abrir la casa asistida (residencia de ancianos) Cristo del Consuelo, y unas cuantas puñaladas por la espalda.
El camino de Berkeley
Berkeley ha conseguido que la Junta le conceda la licencia medioambiental tras ocultar que iba a generar residuos radiactivos; el Ministerio de Industria le dio su autorización pese a los recelos del Consejo de Seguridad Nuclear; y la UE le ha dado su visto bueno porque considera la extracción del uranio como una actividad «estratégica», aunque no es de extrañar que algo haya tenido el buen hacer de Lamela (pagado por la mina) con Arias Cañete, comisario de Energía de la UE, y su exjefe en el Ministerio de Agricultura, para obtener las bendiciones europeas.
Ahora, desaparece otro obstáculo en el camino de la minera para lograr su objetivo de abrir la mina de uranio a cielo abierto y un almacén de residuos radiactivos. Ha bastado con que dos concejales de pueblo traicionen al alcalde que miró más allá del empleo y prebendas que iba a generar un proyecto cuyo impacto en la zona durará siglos y que pone en riesgo la agricultura, ganadería y el balneario.
