Los Planes Provinciales 2016-2017 que impulsa la Diputación de Salamanca con un presupuesto de 18,1 millones de euros (16,2 de fondos propios y 1,9 millones de aportación municipal), permitirán la puesta en marcha de 496 obras en los municipios de la provincia. Nueva iniciativa de la Diputación que se ha apresurado para llegar a tiempo y aprobarla en vísperas de la campaña electoral.
En esta ocasión, de los 18 millones de euros de inversión, los ayuntamientos contratarán obras por valor de 11,5 millones de euros, mientras que la institución provincial será la encargada de contratar los 6,5 millones de euros restantes. Las bases de este plan contemplan la posibilidad de que los ayuntamientos decidan si prefieren contratar ellos sus obras o delegar esta cuestión en la Diputación.
En cuanto al tipo de obras, la mayor parte del montante se destinará a trabajos de urbanización (10,4 millones de euros); a servicios municipales se destinarán 3,7 millones de euros; 1,4 millones de euros serán para proyectos relacionados con ciclo hidráulico; y 454.754 euros se invertirán en la mejora de las comunicaciones.
Los Planes Provinciales se aprobarán definitivamente en el pleno que la Corporación celebrará este miércoles y, tras este trámite, se anticipará el 50 por ciento a los ayuntamientos para que comiencen las obras. Una vez que se certifiquen las mismas, se les aportará el 50 por ciento restante.
El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, dijo que todo el proceso de elaboración de estos planes se ha realizado en menos de 4 meses y esta agilidad ha sido posible gracias a que «por primera vez todos los trámites han podido hacerse vía telemática, incluso el proceso de alegaciones».
No obstante, llama la atención esa premura y la casualidad de que todo haya concluido en vísperas de la campaña electoral.
Ganemos
Ganemos ha realizado algunas observaciones al nuevo plan. En primer lugar considera que los recursos deberían haberse aumentado, mediante el incremento de la dotación presupuestaria destinada al Plan en 1,33 millones
Debería haberse incrementado el importe de la subvención mínima por municipio hasta llegar al menos a 30.000 euros y que no deberían subvencionarse actuaciones no encaminadas a cubrir los servicios mínimos cuando éstos no se encuentren todavía garantizados.
Considera necesario cambiar los criterios de reparto, siendo el principal la carencia de infraestructuras de servicios mínimos obligatorios detectada a través de la Encuesta de Infraestructura o de otras herramientas objetivas de detección de necesidades locales.
Por último, entiende que debería haberse eliminado la distinción entre municipios de más de 1.000 habitantes y aquellos que no los superan y que la Diputación debería financiar los costes de elaboración de los proyectos de ejecución y adaptación de la aportación municipal.
