[dropcap]U[/dropcap]no de los últimos estudios presentados por el Ministerio de Sanidad pone de manifiesto, una vez más, todo lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo sobre la privatización de nuestro Sistema Sanitario Público. Los datos aportados confirman la reducción del gasto sanitario público mientras sigue creciendo el gasto de la sanidad privada. Este crecimiento tan importante obedece principalmente a las políticas privatizadoras del Partido Popular, cada vez menos convincentes, que aplican sin disimulo y pudor. También los datos publicados por la Fundación IDIS (lobby de las aseguradoras y clínicas privadas) acreditan esta realidad asegurando que la facturación privada cada vez es mayor.
El deterioro de la sanidad pública forma parte del posicionamiento ideológico del Partido Popular, su estrategia consiste en reducir los recursos económicos, humanos, tecnológicos y de infraestructura hasta tal punto de colapsar el funcionamiento del sistema sanitario, y así justificar las derivaciones a clínicas privadas. Introducen elementos de desregularización para imponer a través de Decretos la modificación del marco legal vigente con la disculpa de aprovechar nuevas formas de organizar el trabajo en Hospitales y Centros de Salud, un claro ejemplo de esta situación es la implantación de las Unidades de Gestión Clínica, entre otras ocurrencias. La realidad es que todos los pasos que se están dando en la sanidad pública es una burda manipulación economicista para privatizar la sanidad y eludir el control del dinero público, es decir, con dinero público se crea y financia el mercado socio-sanitario privado a través de convenios y conciertos que en muchos casos son adjudicados en procedimiento negociado sin publicidad para favorecer los intereses personales de políticos, familiares y amigos.
Los recortes han sido la mejor excusa para acercarse a la sanidad privada. Se ha venido haciendo lentamente sin importar cómo y de dónde viene el capital de algunas empresas. A modo de ejemplo, podemos citar varios casos sobre la relación perversa que mantiene la Administración Pública con la privada. Hace unos meses, el periódico el diario.es publicaba una investigación sobre uno de los mayores grupos empresariales de la sanidad privada española que había legalizado un patrimonio opaco de 113 millones de euros gracias a la amnistía fiscal del ministro Montoro de fondos que estaban ocultos en varias cuentas suizas a través de dos empresas de Panamá. Más cercano tenemos el escándalo de la concesión, construcción y gestión del Hospital Universitario de Burgos a empresas privadas donde los sobrecostes son de tal magnitud que han hipotecado la inversión en el resto de provincias de Castilla y León, o el proceso penal abierto contra la cúpula de la Consejería de Sanidad de Madrid por las privatizaciones de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos casos. Son demasiados los experimentos de privatizaciones fracasados que nos han demostrado una gestión más ineficaz, peor calidad asistencial y un importante encarecimiento de los servicios sanitarios.
La asistencia sanitaria es un pilar básico de nuestro Estado de Bienestar y eso no se debe de cuestionar por ningún partido político. La sanidad pública se financia a través de los impuestos de todos los españoles, por lo tanto, el gasto sanitario tiene que ir orientado a la asistencia sanitaria de calidad primando fundamentalmente la salud del ciudadano, pero nunca se debe disfrazar como empresa privada movida sólo por el beneficio y la rentabilidad económica, eso no quiere decir que se permita el despilfarro en su gestión, todo lo contrario, se debe exigir una gestión eficaz, transparente y responsable que garantice la igualdad de todos los ciudadanos en el sistema público sanitario.
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