Ni el presidente de la Comisión de Contratación tiene claras las consecuencias pero el procedimiento de licitación de los autobuses municipales de Salamanca y consecuentemente su adjudicación están anulados. Se trata de una resolución administrativa del Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León, por lo que cabe recurrir. Sin embargo, no está claro que el recurso contencioso-administrativo pueda dar frutos al Ayuntamiento y el citado presidente de la Comisión de Contratación, el concejal de Ciudadanos Fernando Castaño, quiere que sea el alcalde quien asuma el riesgo de que la autoridad judicial confirme el palo que ya le ha dado el tribunal administrativo.
¿Quién interpuso el recurso que ha anulado el contrato del servicio municipal de autobuses? Fue Globalia, el grupo de Juan José Hidalgo, que pretendía competir en 2013 con Salamanca de Transportes por dicho servicio. Alegó, entre otras cosas, que no se había cumplido el trámite de publicidad en el ámbito de la UE la licitación (11,8 millones por doce años, unos 142 millones de euros en total). El Ayuntamiento de Salamanca se limitó a colocarlo en el perfil del contratante de su web, a publicarlo en el Boletín de la Provincia y a poner un anuncio en la prensa local.
“La falta de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea supone la vulneración de uno de los principios fundamentales de la contratación pública en la medida en que constituye el medio a través del cual es posible dar cumplimiento al principio de concurrencia”. Esa es la explicación que da el Tribunal de Contratos para anular la licitación.
¿Y ahora qué? Habrá que esperar a ver qué dicen el secretario y los servicios jurídicos del Ayuntamiento. La Comisión de Contratación tenía incluido en el orden del día de este martes un pronunciamiento para avalar el contencioso judicial contra la citada resolución del tribunal administrativo.
Sin embargo, el punto fue retirado a última hora, según indicó Fernando Castaño, a la espera de dos cosas: que el secretario se pronuncie sobre si los órganos colegiados del Ayuntamiento deben aprobar o no la presentación del recurso contencioso-administrativo y que los servicios jurídicos detallen las posibles consecuencias de la resolución del Tribunal de Contratos de Castilla y León.
El PSOE señaló que esta sentencia pone de menifiesto «la falta de diligencia y de rigor» en la adjudicación del servicio de autobuses urbanos y que puede quedar anulado tras la presentación de un recurso por parte de una empresa que no pudo acudir al concurso de adjudicación, y que ha sido admitido, «al considerarse que las bases del pliego de condiciones para la concesión estaban dirigidas a favorecer a la empresa que ya prestaba el servicio».
Traje a medida
Concretamente, el trahe a medida de la empresa adjudicataria se ha delatado en las cláusulas correspondientes a la duración de dicho contrato, a la experiencia previa en la prestación del servicio, y en el número o la cantidad de vehículos propulsados por gas exigidos en la flota de autobuses. «Un hecho que ya denunció el PSOE en su día y que confirma que ese contrato estaba destinado a favorecer a una determinada empresa, elaborado con una total opacidad y ausencia de condiciones objetivas que garantizasen la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades».
El PP
El PP, por su parte, señaló que la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales sobre la contratación del servicio de autobús urbano «confirma que los pliegos que rigieron la licitación del contrato fueron correctos y ajustados a derecho, al desestimar todas las alegaciones de la empresa recurrente. El Tarccyl considera que los criterios de solvencia, de adjudicación y la duración del contrato son los correctos».
Afirma que la sentencia «únicamente alude a una cuestión formal, que no fue alegada por la empresa recurrente y de la que el Tribunal no dio audiencia al Ayuntamiento», y que la Asesoría Jurídica municipal propone, por este motivo, al Ayuntamiento que interponga un recurso contencioso-administrativo «ante la indefensión causada».
El Grupo Municipal Popular rechaza las declaraciones realizadas por un concejal del Grupo Ciudadanos cuestionando y calificando de imperfectos unos pliegos de contratación que el propio Tribunal avala y valida en su resolución.
El PP concluye diciendo que el servicio de transporte urbano de Salamanca «seguirá funcionando con total normalidad«.
Texto: César Yuste Prieto
2 comentarios en «La justicia pone patas arriba la adjudicación del servicio de autobuses»
Aqui paz y depués gloria.
Asi es esta ciudad.
No se cambia, siempre en la misma dirección. Y asi nos va.
Deberían rectificar una cuesdtión fundamental: el llamado «Tribunal» de recursos contractuales no es tal, sino un mero órgano administrativo. No lo forman jueces sino funcionarios y lo preside un antiguo alcalde.