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La reforma del Registro Civil no garantiza que no haya cierres

El Ministerio de Justicia se comprometió a elaborar una reforma del Registro Civil que incluyera lo pactado con los sindicatos, entre lo que destacaba que la demarcación territorial será la misma que la actual, con 431 oficinas abiertas, y que se mantendrían las oficinas delegadas en los Juzgados de Paz.

 

CCOO denunció este lunes que «nada más lejos de la realidad: la propuesta del Ministerio sigue estableciendo con carácter general que cada comunidad autónoma sólo está obligada a tener una Oficina General de Registro civil, y le posibilita a crear otra más por cada 500.000 habitantes así como cuantas juzgue conveniente por razón de la distribución de la población o características del territorio. Los Juzgados de Paz carecerán de competencia alguna en materia registral, y sólo podrán recibir solicitudes para su remisión a la Oficina correspondiente».

Asegura que «el Ministerio deja a la responsabilidad de la Administración competente (Ministerio de Justicia, comunidades autónomas con transferencias) la determinación de cuántas oficinas de Registro Civil va a haber en cada territorio, sin que en modo alguno esté garantizado el mantenimiento de las actuales 431 Oficinas principales de Registro Civil. Esto, además, puede dar lugar a configuración de Oficinas de Registro Civil completamente dispar en todo el Estado (podría haber una sola oficina en una comunidad autónoma y 20 en otra). No garantiza en modo alguno la proximidad del Registro Civil a la ciudadanía, pues va a quedar a criterio de Administración la configuración territorial de sus Registros Civiles».

Todo ello supone que el Ministerio de Justicia «mintió a las organizaciones sindicales en la reunión mantenida el pasado 7 de febrero en la que nos garantizó que defendería la permanencia de las oficinas actuales y que ha seguido mintiendo en los contactos mantenidos con posterioridad«.

CCOO pide un acuerdo que posibilite que haya Oficinas de Registro Civil en cada partido judicial y que no deje sin competencia alguna a los Juzgados de Paz, abocando a los ciudadanos que vivan en dichos territorios a un servicio mucho peor que el que se presta en la actualidad.


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