Virginia Carrera y Gabriel Risco, concejales de Ganemos Salamanca, denunciaron este martes la falta de interés del equipo de gobierno en la salud de los ciudadanos y recalcan la necesidad de cambiar el tramo de las tuberías del agua que están fabricadas con fibrocemento. El amianto perjudica la salud y su utilización lleva años prohibida, por lo que el Grupo Municipal insiste en que se retire.
Los concejales de Ganemos han manifestado que la salud de los ciudadanos de Salamanca es prioritaria y denuncian que el equipo de gobierno «no tiene interés en mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad». Se trata de un tramo de 150 km de tuberías del agua que están fabricadas con fibrocemento, un material que posee determinadas sustancias nocivas.
En 2001 se prohibió el uso de amianto por afectar a la salud de las personas. En 2003, cuando se probó que determinados componentes de las tuberías contaminaban el agua, se pidió que se llevaran las reformas necesarias para retirar este material antes del año 2012. El pasado año, el procurador del común de Castilla y León instó a que se retiraran las tuberías de fibrocemento. El amianto tiene un grave riesgo por ingestión e inhalación y su efecto se produce décadas después de estar expuesto. Sin embargo, en Salamanca todavía hay tramos de este material.
En la pasada Junta de Portavoces, Ganemos expuso su preocupación sobre la materia y el alcalde respondió que “si lo dice el Procurador del Común, que es fiscal, me quedo más tranquilo”. Virginia Carrera ha manifestado que el equipo de gobierno «no tiene interés en cambiar la red de fibrocemento».
Por otro lado, Gabriel Risco hizo una valoración del remanente de tesorería de 12 millones de euros que resultó tras la aprobación de liquidación del presupuesto de 2016. El concejal ha manifestado que esta cifra es tan elevada porque el PP es “incapaz de ejecutar entero el presupuesto” y de cumplir sus previsiones. 5 millones de euros en inversiones quedaron sin ejecutar del total de 151 millones.
Además, declaró que este superávit “no es real”, según indica el informe del interventor general, porque “al concejal delegado le gusta jugar con las cifras” y cambia de ejercicio algunos gastos, por lo que habría que restarle 650.000 euros. A esto se le suma que el interventor ha indicado que el presupuesto de 2017 incumple el techo de gasto por más de 10 millones de euros, por lo que hay que recortar gasto por este importe. En resumen, el remanente real sería de 1,6 millones de euros.
Texto: Paula castro Morán
