El Consejo de la Abogacía de Castilla y León acordó este jueves interponer recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que atribuye a determinados juzgados la competencia exclusiva en materia de cláusulas suelo.
Asimismo, los miembros de las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de toda España se han concentrado en la capital andaluza para mostrar su disconformidad y rechazo al plan del CGPJ, aprovechando el encuentro de Juntas de Gobierno que se celebra en Granada.
Los abogados castellano-leoneses se alinean, así, con su propia acción judicial, añadida a la que emprende la Abogacía para toda España, al absoluto rechazo al acuerdo de 25 de mayo de 2017 del CGPJ, que en su opinión, infringe el ordenamiento jurídico y comportará graves problemas sociales.
Esta medida, entienden, «agrava el problema que trata de solucionar, puesto que muchos de los juzgados designados carecen de capacidad para absorber las demandas que se concentren como consecuencia de este acuerdo, con lo cual los ciudadanos no podrán resolver sus conflictos en un tiempo razonable».
En su opinión, «incomprensiblemente la medida se ha adoptado sin la necesaria dotación de medios ni presupuesto por parte del Estado y las comunidades autónomas con competencias transferidas, lo que provocará graves disfunciones, puesto que, además de colapsar los juzgados designados, se desaprovecha la potencialidad de juzgados de partido con capacidad para asumir estos asuntos».
La medida «conculca el principio de juez predeterminado por la ley y quiebra el principio de igualdad de partes en perjuicio del consumidor, alejando además la Justicia de la ciudadanía», señala.
Por todo ello, los abogados exigen mantener la competencia residenciada en los juzgados de partido judicial, «sin perjuicio de las medidas de especialización y refuerzo en las demarcaciones en que fueran convenientes y, en todo caso, con la consiguiente dotación presupuestaria».
