Un contrato a medida con apariencia de legalidad

• La licitación de las guarderías municipales establece requisitos que garantizan que un grupo como el del ‘caso Lezo’ no tendrá competencia
  
• Los candidatos deben acreditar una facturación de 1,2 millones anuales durante los últimos tres años en el sector y que tenga cinco de experiencia

El pliego de condiciones para adjudicar la gestión de las tres guarderías municipales de Salamanca por un montante de 7,2 millones de euros establecía una serie de requisitos que le dan una apariencia de legalidad a un traje a medida para que solo puedan optar a llevárselo un tipo de empresas muy selectivo, como el que habían constituido la mujer de Ignacio González y la dueña del grupo Mis Pollitos de Salamanca.

La trayectoria y volumen de negocio de la empresa Mis Pollitos servía de muleta a la sociedad formada por esta empresa salmantina con la mujer de González, Lourdes Cavero.

Juntos podían acreditar las condiciones más severas que establecía el pliego, que se convertían en una barrera infranqueable para la mayoría de las empresas de un sector muy atomizado, donde predominan las pequeñas empresas.

Lo más llamativo es que la empresa aspirante tiene que acreditar una facturación de 1,2 millones anuales en la actividad de la educación infantil durante los últimos tres años, y que, además, tuviera al menos una experiencia de cinco años en este sector.

Así consta en el pliego al que ha tenido acceso La Crónica de Salamanca. Unas condiciones leoninas que en la práctica diseñan un traje a medida para determinadas empresas. La de la trama del ‘caso Lezo’, entre ellas.

El procedimiento de licitación es abierto, pero luego las condiciones impuestas, inasequibles para pequeñas empresas, con lo que era difícil que no se lo llevara la trama de los hermanos González, que hablaban de las escuelas infantiles de Salamanca y del alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, con familiaridad y confianza.

Otro de los aspectos que parecen diseñados específicamente para esta licitación es unir no solo la gestión educativa de los tres centros, sino el servicio de comedor y de mantenimiento que en anteriores licitaciones iban por separado.

Ahora se trataba de quedarse con el negocio entero. En total, 7,2 millones en seis años.

El contrato era por cuatro años prorrogables por otros dos, a razón de 1,2 millones de euros anuales, lo que arroja un total de 7,2 millones.

De esa cantidad, el coste de los salarios brutos sería de unos 430.000 euros anuales para el conjunto de las tres escuelas, dos de las cuales tendrían 14 empleados y la otra, quince. El gasto en personal es el mayor del proyecto, por lo que podría quedarle limpio a la adjudicataria casi el 50% del contrato, una vez descontados los gastos de mantenimiento y comedor.