El Ayuntamiento de Salamanca ha firmado un protocolo de actuación con el decano de los jueces y el Colegio de Abogados para intervenir en la ayuda a familias vulnerables en situación de impago de alquiler o hipoteca. Cuando se detecte una familia en riesgo de desahucio se actuará de manera ágil para mediar entre la familia y la entidad bancaria y garantizar el derecho a una vivienda digna.
La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Cristina Klimowitz, junto al juez decano de los Juzgados de Salamanca, Juan Rollán, y el decano del Colegio de Abogados de Salamanca, Eduardo Íscar, han firmado este jueves un convenio para la protección y asistencia jurídica a familias en situación de riesgo de exclusión social.
Este protocolo de actuación tiene el objetivo de asistir a las familias en situación de riesgo de desahucio mediante la detección temprana de los casos. Según este procedimiento, se intervendrá informando a las familias de sus posibilidades, ofreciendo asesoramiento jurídico, intermediando con las entidades bancarias, etc. El fin último del acuerdo es evitar que las familias afectadas pierdan su vivienda y garantizar así este derecho fundamental.
Cuando se detecten los casos, se derivará a las familias a la Oficina Municipal de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio, donde se les ofrecerán servicios personalizados y recursos para darles una respuesta y llegar a la solución más adecuada. Además de esta atención individualizada para cada caso, existe una línea de ayudas económicas para financiar las deudas en caso de necesidad. Esta Oficina se creó a finales del año 2012 y se han atendido desde entonces a más de 400 familias y ofrecido ayudas por valor de más de 400.000 euros.
Eduardo Íscar ha manifestado que este acuerdo es “un paso más” en la preocupación por las personas en riesgo de exclusión. Los casos se podrán detectar “desde el minuto uno” a través del Servicio de Orientación Jurídica.
Por su parte, Juan Rollán, el juez decano, ha destacado que en los Juzgados se dan muchos casos de mediación civil y mercantil, pero en este caso no es posible ya que no hay igualdad entre ambas partes al tratarse de una familia vulnerable y una entidad bancaria poderosa. Sin embargo, el Ayuntamiento sí puede mediar directamente con las entidades y “hablar tú a tú”.
Texto y foto: Paula Castro Morán
