[dropcap]E[/dropcap]ste martes, los alumnos de Castilla y León se enfrentan a la selectividad. Esta es una prueba que superan la inmensa mayoría de ellos, pero cuya calificación determinará para unos pocos, generalmente los mejores, la posibilidad de acceder o no a la carrera que quieren estudiar. Se trata de una prueba que siendo selectiva no es equitativa, no permite la igualdad de oportunidades entre todos los alumnos españoles que se enfrentan a ella.
No es lógico que siendo el distrito universitario abierto para toda España la prueba no sea única. No tiene ningún sentido que cada Comunidad Autónoma la realice cuando crea oportuno y tiene mucho menos sentido aún que el nivel de dificultad y el rigor en la calificación sea tan dispar.
En Castilla y León se produce la paradoja de que obteniendo unos buenos resultados en el informe PISA, las calificaciones de nuestros alumnos no se correspondan con los mismos y, generalmente, sean más bajas que las que obtienen los alumnos de otras comunidades.
Ello solo puede tener dos explicaciones: o los exámenes en Castilla y León son más difíciles o las calificaciones son mucho más rigurosas. Son numerosos los docentes que opinan que suceden ambas cosas y que nuestros alumnos están discriminados, lo que debería obligar a reflexionar tanto a las autoridades educativas (Consejería de Educación) como a los profesores universitarios responsables de la prueba en Castilla y León y también a los de enseñanza secundaria que participan en cada examen, cada uno en la medida de sus responsabilidades.
Por este motivo, hay alumnos que, cuando sus padres pueden permitírselo, se marchan a estudiar el bachillerato a centros de otras comunidades autónomas en las que tienen más posibilidades de obtener mejores notas, tanto en bachillerato como en la selectividad. Son emigrantes precoces, algo que más pronto o más tarde sufren un porcentaje muy alto de jóvenes castellano-leoneses.
Es preciso reivindicar una prueba estatal única, simultánea y con sistemas de evaluación lo más objetivos posibles, algo que en esta España de las autonomías parece utópico. Mientras tanto, mientras se consigue la utopía (el Consejo de Rectores ya ha abordado el tema en distintas ocasiones aunque sin alcanzar un consenso al respecto), en nuestra comunidad habrá que reflexionar acerca de si estamos organizando bien la prueba o a base de ser exquisitos nuestros alumnos sufren una discriminación que perjudica seriamente su futuro y, por tanto, el de nuestra comunidad.
Otra cuestión importante son las diferencias que se observan en la evaluación de las distintas asignaturas, existiendo también diferencias en los criterios utilizados para calificarlas. Un nivel de nueve puede ser muy diferente según la asignatura, el profesor o el tribunal correspondiente. A pesar de la dificultad que conlleva deberían establecerse métodos lo más objetivos posibles para evitar sesgos en las calificaciones.
Este año, la prueba ha cambiado de nombre, de PAU ha pasado a llamarse EBAU, pero las improvisaciones en el proceso de puesta en marcha han sido muy numerosas, lo que ha contribuido a desorientar aún más a los alumnos. Esperamos expectantes a ver si se trata de algo más que un cambio semántico o al final del proceso nuestros alumnos siguen discriminados, … solo hay que esperar los resultados de cada comunidad y comparar los resultados.
